¿Por qué agradecer a las autoridades por hacer el trabajo que les corresponde?

Por Héctor Barrera

En Chile parece haberse instalado la costumbre de agradecer a las autoridades por cada obra, proyecto o gestión realizada. Sin embargo, quienes ejercen funciones públicas tienen responsabilidades definidas y reciben remuneraciones o dietas por desempeñarlas. ¿En qué momento cumplir con el deber se transformó en un favor que los ciudadanos debemos agradecer?

Hay algo que cuesta entender en nuestra relación con las autoridades: esa necesidad casi permanente de dar las gracias por lo que, en realidad, constituye parte de sus obligaciones.

Se inaugura una obra y aparecen los agradecimientos. Se consigue financiamiento para un proyecto y se felicita a la autoridad de turno. Se mejora un camino, se instala iluminación o se responde a una necesidad de la comunidad, y no faltan quienes consideran necesario agradecer públicamente al alcalde, al concejal o al representante político que participó en la gestión.

Pero cabe hacerse una pregunta bastante sencilla: ¿no es precisamente para eso que están en sus cargos?

Los alcaldes fueron elegidos para administrar las comunas, gestionar recursos, impulsar proyectos y buscar soluciones a las necesidades de sus habitantes. Los concejales, por su parte, tienen responsabilidades diferentes, pero igualmente relevantes: fiscalizar la administración municipal, participar en decisiones y representar los intereses de la comunidad.

Ninguno de esos cargos existe para hacer favores personales. Son responsabilidades públicas.

Y no olvidemos algo: también reciben una remuneración

Existe un aspecto que pocas veces se menciona cuando abundan los agradecimientos: las autoridades y los directivos municipales reciben una compensación económica por ejercer sus funciones.

Los alcaldes tienen una remuneración asociada a su cargo. También la reciben los directores y otros funcionarios de responsabilidad dentro de la administración municipal. En los niveles superiores existen remuneraciones que pueden resultar considerablemente altas en comparación con los ingresos de muchos trabajadores.

Los concejales, en tanto, reciben una dieta mensual establecida por ley, vinculada principalmente a su asistencia a las sesiones del concejo municipal.

No están trabajando gratis. No están haciendo caridad. Están cumpliendo funciones por las cuales reciben recursos públicos.

Y que quede claro: no se trata de cuestionar que reciban un pago. Las responsabilidades públicas requieren dedicación, preparación y trabajo. Es legítimo que sean remuneradas.

Lo cuestionable es que, además de recibir una compensación por cumplir sus funciones, pareciera que algunas gestiones debieran generar una gratitud permanente de parte de los ciudadanos.

¿Acaso un trabajador de cualquier empresa recibe homenajes cada vez que cumple una tarea incluida en su contrato? ¿Se organiza una ceremonia cada vez que un funcionario realiza correctamente aquello para lo cual fue contratado?

Entonces, ¿por qué en la administración pública hemos desarrollado una cultura tan distinta?

Los recursos públicos no son regalos

Aquí aparece una confusión que deberíamos comenzar a corregir: los recursos públicos no pertenecen a las autoridades que los administran.

El dinero destinado a obras, programas sociales, infraestructura y servicios proviene de distintas fuentes de financiamiento público, sostenidas en buena medida por los impuestos y las contribuciones de la ciudadanía.

Por eso, cuando un municipio ejecuta una obra, no estamos necesariamente frente a un acto extraordinario de generosidad. Estamos frente al cumplimiento de una función institucional.

Eso no significa desconocer el esfuerzo de quienes trabajan bien. Hay autoridades y funcionarios comprometidos, equipos municipales que realizan labores complejas y gestiones que merecen reconocimiento.

Una cosa es valorar el trabajo bien realizado y otra muy distinta es transformar cada obligación cumplida en una deuda de gratitud ciudadana.

Agradecer es una expresión legítima de cortesía. Sentirse obligado a agradecer por recibir aquello que corresponde es otra cosa.

El problema comienza cuando confundimos la gestión pública con un favor personal. Cuando una obra se presenta como un regalo de la autoridad, cuando un beneficio parece depender de la buena voluntad de alguien o cuando cumplir una responsabilidad institucional se convierte en motivo de celebración política.

Esa lógica termina por alterar nuestra relación con el Estado. Los ciudadanos dejan de verse como titulares de derechos y comienzan a comportarse como beneficiarios de la generosidad de quienes administran lo público.

Y no debería ser así.

Menos agradecimientos y más rendición de cuentas

En comunas como Loncoche, donde existen necesidades de infraestructura, conectividad, desarrollo rural y oportunidades económicas, cada proyecto conseguido puede representar un avance importante para las familias.

Es legítimo reconocer esos resultados, pero también corresponde preguntar cuánto costaron, cómo se financiaron, cuáles fueron las prioridades y qué necesidades siguen pendientes.

Porque gestionar recursos no es solamente conseguirlos. También implica administrarlos correctamente, justificar las decisiones y demostrar que las inversiones responden al interés de la comunidad.

Una autoridad no debería ser evaluada por la cantidad de agradecimientos que recibe, sino por la calidad de su gestión, la transparencia de sus decisiones y los resultados que entrega.

Tampoco se trata de exigir milagros. Existen limitaciones presupuestarias, dificultades administrativas y proyectos que dependen de instituciones externas. Gobernar una comuna implica enfrentar problemas reales y, muchas veces, complejos.

Pero precisamente por eso necesitamos ciudadanos que comprendan cómo funciona la administración pública, que sepan distinguir las atribuciones de cada autoridad y que exijan resultados sin caer en la lógica del favor político.

Quizás el verdadero cambio cultural comience cuando dejemos de preguntar a quién debemos agradecer por una obra y empecemos a preguntar si esa obra era necesaria, si se ejecutó correctamente y si los recursos se utilizaron de manera responsable.

La función pública no es un acto de caridad. Es una responsabilidad asumida frente a la ciudadanía.

Y las autoridades no están para que les debamos favores, sino para servir a una comunidad que tiene todo el derecho de exigirles que hagan bien su trabajo.

Porque cuando alguien recibe una remuneración o una dieta por ejercer una responsabilidad pública, cumplir con su deber no debería ser una excepción digna de aplausos. Debería ser lo mínimo que podemos es

Por Héctor barrera