Alcalde de Coronel es formalizado por presunto fraude al fisco que habría causado perjuicio de $1.300 millones
El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, fue formalizado este lunes 26 de octubre por su presunta responsabilidad en un delito de fraude al fisco, en una investigación que apunta a un perjuicio superior a los $1.300 millones para el patrimonio de la Municipalidad de Coronel, en la Región del Biobío.
La audiencia se desarrolló ante el Juzgado de Garantía de Coronel y forma parte de la investigación conocida como caso Embotelladora Llacolén, vinculada a acuerdos adoptados durante 2020 para resolver disputas relacionadas con el pago de patentes municipales.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, las decisiones investigadas habrían significado que el municipio dejara de percibir $1.300.506.445, recursos que correspondían a obligaciones comerciales cuya reducción fue autorizada por el Concejo Municipal de la época.
Acuerdos municipales de 2020 bajo investigación
Los hechos se remontan al 7 de julio de 2020, cuando el Concejo Municipal aprobó acuerdos relacionados con deudas por patentes comerciales de empresas vinculadas al caso Llacolén.
De acuerdo con la imputación fiscal, se autorizaron avenimientos en litigios que involucraban a Inversiones e Inmobiliaria MOS Limitada y Embotelladora Dos Banderas SpA.
Entre los antecedentes examinados por la Fiscalía figura un acuerdo mediante el cual Embotelladora Dos Banderas pagaría $1 millón frente a una obligación judicialmente reclamada que superaba los $1.176 millones.
Los investigadores sostienen que el alcalde y el entonces encargado jurídico municipal habrían promovido estos acuerdos sin proporcionar al Concejo información relevante sobre resoluciones judiciales favorables al municipio, lo que habría incidido en las decisiones adoptadas.
Estas circunstancias forman parte de la acusación del Ministerio Público y todavía deben ser determinadas judicialmente.
Alcalde, exdirector jurídico y cuatro exconcejales formalizados
Además del alcalde Boris Chamorro, el Ministerio Público formalizó al exdirector jurídico municipal Cristián Pinto Garrido y a cuatro exconcejales que participaron en la aprobación de los acuerdos.
Los exintegrantes del Concejo Municipal son Ariel Durán Fredes, Osvaldo Campos Torres, René Lucero Allen y Francisco Reyes Aguayo.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, los cuatro exconcejales votaron favorablemente los acuerdos, mientras otros integrantes del organismo manifestaron reparos por la información disponible y las posibles consecuencias económicas para el municipio.
La Fiscalía investiga las responsabilidades individuales de los seis imputados en los hechos.
Tribunal rechaza suspender la investigación
Durante la audiencia de formalización, las defensas solicitaron el sobreseimiento temporal del procedimiento, argumentando que previamente debía resolverse una controversia civil relacionada con los cobros efectuados por el municipio.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Coronel rechazó esa petición, permitiendo que la investigación penal continúe su curso.
El tribunal programó para el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 09:00 horas, una nueva audiencia en la que se discutirán las medidas cautelares que solicitará el Ministerio Público.
La fiscal Glenda Lagos adelantó que la institución planteará medidas acordes con la gravedad del delito que se investiga.
Defensa del alcalde sostiene que no existe delito
El abogado defensor del alcalde, Waldo Ortega, cuestionó la imputación del Ministerio Público y sostuvo que existen antecedentes técnicos para descartar la configuración del delito de fraude al fisco.
La defensa argumenta que los acuerdos cuestionados se relacionaban con controversias sobre la legalidad de determinados cobros de patentes municipales, situación que también ha sido discutida en sede civil.
Ortega señaló que la formalización no constituye una condena y que su representado mantiene la presunción de inocencia.
Asimismo, descartó que la actual situación procesal impida por sí misma que Chamorro continúe desempeñándose como alcalde de Coronel.
Una investigación que pone bajo revisión el manejo de recursos municipales
El caso tiene relevancia para la administración pública porque examina decisiones adoptadas por autoridades comunales sobre obligaciones económicas que podían representar ingresos importantes para un municipio.
La investigación deberá establecer si los acuerdos fueron adoptados conforme a derecho y si las actuaciones atribuidas a los imputados constituyen efectivamente un fraude al fisco.
Por ahora, la causa permanece abierta, sin una sentencia condenatoria por estos hechos.
La formalización es una etapa del proceso penal y no acredita culpabilidad. Todos los imputados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine lo contrario.
