Alcalde de Río Bueno queda en prisión preventiva por investigación de corrupción en licitaciones municipales
El Juzgado de Garantía de Río Bueno decretó este miércoles 21 de octubre la prisión preventiva del alcalde Luis Reyes Álvarez, tras su formalización por delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos, en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en licitaciones y contratos municipales.
La misma medida cautelar fue impuesta al empresario constructor Héctor Meza, investigado por soborno. El tribunal consideró que la libertad de ambos representa un peligro para la seguridad de la sociedad y, en el caso del alcalde, también para el éxito de la investigación.
Más de $36 millones en presuntos pagos indebidos
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía Regional de Los Ríos, el jefe comunal habría recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos provenientes de empresarios y contratistas, presuntamente a cambio de favorecerlos en procesos de licitación municipal.
De esa cifra, $27.860.000 corresponderían a pagos atribuidos al empresario Héctor Meza.
La investigación también identificó cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en la cuenta bancaria personal del alcalde, cuyo origen no ha sido determinado.
Los hechos investigados se relacionan con procedimientos de contratación municipal desarrollados entre 2017 y 2022.
Tribunal pone atención en la probidad administrativa
Al fundamentar su resolución, el tribunal destacó la gravedad de las conductas atribuidas al alcalde y su impacto en la confianza pública, la probidad administrativa y la correcta gestión de los recursos municipales.
Por su parte, la defensa cuestionó los antecedentes presentados por el Ministerio Público y sostuvo que la prisión preventiva constituía una medida desproporcionada.
El control de los recursos municipales vuelve al debate
El caso de Río Bueno plantea una discusión que trasciende a una administración municipal específica: la importancia de contar con mecanismos efectivos de fiscalización, transparencia en las licitaciones y control sobre los contratos financiados con recursos públicos.
En comunas de La Araucanía, como en el resto del país, los concejos municipales y los organismos fiscalizadores cumplen funciones fundamentales para supervisar la legalidad de las decisiones administrativas y el uso del presupuesto.
La investigación de Río Bueno no implica irregularidades en otras municipalidades, pero permite reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y control.
La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena. Los imputados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.
