Comuna

Por segunda vez, TER no da lugar al ingreso de concejales en causa contra alcalde de Loncoche

Adriana Quintana y Alberto Velásquez insistieron en incorporarse al procedimiento seguido contra el alcalde Alexis Pineda. El Tribunal Electoral Regional volvió a remitirlos a la resolución que mantiene suspendida la causa, por lo que ambos continúan fuera del proceso.

Por segunda vez, los concejales de Loncoche Adriana Quintana y Alberto Velásquez no lograron ingresar a la causa seguida contra el alcalde Alexis Pineda ante el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía.

Ante la nueva presentación efectuada por su abogado, el TER resolvió:

“Estese a lo resuelto a fojas 1947”.

Aunque se trata de una respuesta breve, su efecto procesal es concreto: el tribunal resolvió la presentación y no dio lugar a la incorporación solicitada, remitiéndose nuevamente al estado actual de la causa.

La resolución constituye una actualización de los antecedentes informados previamente por Loncoche Informado. Quintana y Velásquez presentaron una primera solicitud de incorporación el 14 de julio, invocando su función fiscalizadora y el interés público comprometido en el proceso.

El 15 de julio, el TER los remitió a una resolución anterior. Posteriormente, el 24 de julio, su abogado volvió a solicitar la incorporación y acreditó formalmente su representación.

Este segundo intento obtuvo, en lo sustancial, la misma respuesta: ambos concejales permanecen fuera del procedimiento.

La causa está suspendida

La resolución de fojas 1947, a la cual volvió a remitirse el TER, señala:

“En atención a lo comunicado con esta fecha por el Excmo. Tribunal Constitucional, remítase copia de los antecedentes y suspéndase el procedimiento”.

Esto significa que la tramitación se encuentra suspendida mientras se espera que el Tribunal Constitucional resuelva la gestión sometida a su conocimiento y comunique oficialmente su determinación.

Según la explicación jurídica entregada a Loncoche Informado, el estado procesal de la causa debía ser considerado antes de presentar una nueva solicitud. Mientras la suspensión permanezca vigente, el TER no puede tramitar actuaciones que puedan incidir en el procedimiento o abrir una nueva controversia procesal.

Desde esta perspectiva, la frase “estese a lo resuelto” no significa que la solicitud haya quedado pendiente o sin respuesta. El tribunal sí resolvió y les indicó nuevamente a los solicitantes que deben atenerse a la suspensión decretada.

Una causa encaminada hacia la sentencia

El estudio jurídico Talep y Sagua, que representa a los concejales José Soto y Nelson Vásquez —requirentes en la causa—, sostiene que el procedimiento ya había concluido su etapa probatoria y se encontraba encaminado hacia la dictación de sentencia antes de ser suspendido por la actuación ante el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con esta posición jurídica, una vez que regresen los antecedentes al TER correspondería continuar la tramitación desde el estado en que quedó, incluyendo las actuaciones previas necesarias para que el tribunal resuelva.

Por esta razón, los abogados cuestionan que Quintana y Velásquez pretendan incorporarse en una etapa avanzada del proceso y, además, mientras su tramitación permanece suspendida.

¿Por qué insistieron por segunda vez?

El nuevo escrito abre preguntas de interés público: ¿por qué los concejales insistieron en ingresar a una causa suspendida? ¿Qué participación concreta buscan ejercer? ¿Pretenden representar un interés institucional, aportar nuevos antecedentes o asumir una posición política frente al proceso contra el alcalde?

También corresponde preguntar si su abogado revisó adecuadamente el estado procesal de la causa antes de efectuar la segunda presentación y qué antecedente jurídico consideró que permitiría su incorporación en estas circunstancias.

Consultada anteriormente por Loncoche Informado, Adriana Quintana indicó que, por el momento, no entregarían entrevistas y que se trataba de una decisión adoptada en conjunto.

Mientras los concejales o su representante no expliquen públicamente los fundamentos de la insistencia, no corresponde atribuirles una motivación específica. Sin embargo, el hecho de que hayan presentado dos solicitudes hace legítimo preguntar si existe únicamente un objetivo jurídico o también un interés político y comunicacional.

Abogados cuestionan la actuación

Según la interpretación del estudio Talep y Sagua, insistir en una solicitud que el tribunal no puede tramitar debido a la suspensión desconoce el estado actual del procedimiento y obliga al TER a reiterar una decisión que ya había comunicado.

Los abogados sostienen que este tipo de actuaciones podría generar inconvenientes procesales innecesarios. Además, han advertido que, si la incorporación volviera a discutirse una vez reactivada la causa, podría abrirse una nueva incidencia y eventualmente extenderse la tramitación.

Esta advertencia corresponde a la posición de los representantes de los requirentes. Hasta ahora, no existe una resolución judicial que establezca que Quintana y Velásquez actúen con el propósito deliberado de retrasar la sentencia o favorecer al alcalde Alexis Pineda.

En consecuencia, una eventual intención dilatoria no puede presentarse como un hecho acreditado. Lo que sí puede cuestionarse es la oportunidad jurídica de insistir en el ingreso a una causa suspendida y que, según la parte requirente, ya había terminado su etapa probatoria.

El TER deberá esperar al Tribunal Constitucional

La causa principal continuará suspendida hasta que el Tribunal Constitucional adopte y comunique su resolución. Mientras eso no ocurra, el TER deberá mantener paralizada su tramitación, salvo las actuaciones indispensables vinculadas al propio estado de suspensión o a lo requerido por el tribunal constitucional.

La resolución conocida tampoco determina la responsabilidad del alcalde Alexis Pineda ni anticipa el resultado de la solicitud de destitución presentada en su contra.

Por ahora, los hechos comprobables son claros: Quintana y Velásquez solicitaron incorporarse por segunda vez; el TER resolvió remitirlos nuevamente a la suspensión vigente y no dio lugar a su ingreso. Ambos continúan fuera del procedimiento mientras se espera la decisión del Tribunal Constitucional.

Los antecedentes de la primera presentación y la advertencia formulada por los abogados pueden revisarse en la publicación anterior de Loncoche Informado.

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