Gloria Sagua y Eugenio Talep abordan en “Con Sentido Público” querella por presunta alteración de decreto municipal que involucra antecedentes de Edon Velásquez y Alexis Pineda
Los abogados Gloria Sagua y Eugenio Talep abordaron una querella criminal por presuntas irregularidades en un decreto de la Municipalidad de Loncoche. La acción judicial busca esclarecer eventuales delitos relacionados con la tramitación del documento, mientras el actual director regional de la DOH, Edon Velásquez, y el alcalde Alexis Pineda han entregado sus respectivas versiones frente a los cuestionamientos.
Una nueva controversia judicial relacionada con la Municipalidad de Loncoche fue abordada por los abogados Gloria Sagua y Eugenio Talep en el programa “Con Sentido Público”. El tema central fue la querella criminal presentada por presuntas irregularidades en un decreto alcaldicio utilizado para justificar desplazamientos del alcalde Alexis Pineda en un vehículo municipal, documento cuya tramitación fue cuestionada por la Contraloría General de la República.
El caso volvió a adquirir notoriedad luego de que el diario El Austral, en su edición del sábado 7 de noviembre de 2026, publicara un reportaje que vincula los antecedentes de la querella con Edon Velásquez Catalán, exadministrador municipal de Loncoche y actual director regional de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas en La Araucanía.
La acción judicial fue interpuesta por los propios abogados Gloria Sagua y Eugenio Talep ante el Juzgado de Garantía de Loncoche y está dirigida contra quienes resulten responsables de eventuales delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de dicho instrumento y falso testimonio en declaraciones entregadas a Contraloría.
El decreto municipal que originó la controversia
El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando la Contraloría Regional de La Araucanía investigó la utilización de una camioneta municipal por parte del alcalde Alexis Pineda.
En su Informe Final de Investigación Especial N.º 736/2022, emitido el 2 de marzo de 2023, el organismo fiscalizador estableció que la autoridad comunal utilizó el vehículo institucional para realizar desplazamientos particulares, incluyendo viajes a Temuco para asistir a clases en la Universidad Santo Tomás.
Durante la investigación apareció un documento que pretendía justificar parte de esos desplazamientos: el Decreto Alcaldicio N.º 2.713, fechado el 1 de abril de 2022.
Sin embargo, la revisión de Contraloría detectó inconsistencias en su tramitación.
El organismo constató que el registro electrónico correspondiente al decreto fue modificado el 13 de diciembre de 2022, cuando se incorporaron antecedentes asociados al documento, pese a que este figuraba fechado varios meses antes.
Contraloría concluyó que el acto administrativo habría sido regularizado posteriormente, al menos en lo referente a su firma por parte del director de Control Interno, contraviniendo la jurisprudencia del organismo fiscalizador.
Esta circunstancia constituye uno de los antecedentes centrales de la nueva acción judicial.
El rol de Edon Velásquez en los antecedentes investigados
Uno de los puntos que genera mayor atención pública es la participación que tuvo Edon Velásquez mientras desempeñaba funciones como administrador municipal de Loncoche.
Según los antecedentes publicados por El Austral, la querella cuestiona declaraciones entregadas por el exfuncionario a Contraloría respecto de la fecha en que habría suscrito el decreto.
La controversia se relaciona con la existencia de un documento fechado en abril de 2022, cuya regularización posterior quedó consignada en la investigación administrativa.
De acuerdo con el reportaje, Velásquez declaró inicialmente que había firmado el documento a comienzos de abril. Posteriormente señaló no recordar la fecha exacta ni tener una explicación de cómo el decreto contaba con número y fecha asignados en diciembre.
La querella solicita que el Ministerio Público investigue esas circunstancias y determine si existen responsabilidades penales.
La abogada Gloria Sagua sostuvo al diario que el administrador municipal tenía una participación relevante en la validación del documento, debido a las funciones propias del cargo que ejercía en aquella época.
Por su parte, Eugenio Talep manifestó que este tipo de hechos deben ser investigados para evitar que eventuales responsabilidades queden sin esclarecer.
Estas afirmaciones corresponden a la posición de los abogados querellantes y no constituyen una determinación judicial de culpabilidad.
Edon Velásquez responde a los cuestionamientos
Consultado por El Austral, Edon Velásquez rechazó el sentido de los cuestionamientos y manifestó que, tras conversar con su asesor legal, había decidido no emitir mayores declaraciones por el momento.
El actual director regional de la DOH interpretó la situación como una controversia de carácter político que, a su juicio, busca perjudicar su trayectoria profesional.
Asimismo, precisó que su participación en la querella ha sido solicitada únicamente en calidad de testigo.
Esta distinción resulta relevante, ya que la presentación de una querella contra quienes resulten responsables no significa que todas las personas mencionadas tengan la calidad procesal de imputadas ni que se hayan establecido responsabilidades penales.
Alexis Pineda asegura que las irregularidades tienen responsables
El alcalde de Loncoche, Alexis Pineda, también fue consultado por el diario regional sobre los cuestionamientos derivados de los informes de Contraloría.
La autoridad comunal sostuvo que las irregularidades observadas cuentan con responsables y aseguró que los procedimientos administrativos correspondientes se encuentran terminados.
Pineda descartó que existan informes o sumarios pendientes, según las declaraciones recogidas por El Austral.
Su posición contrasta con las interrogantes que plantean los abogados querellantes respecto de las circunstancias en que se elaboró, validó y presentó el decreto municipal ante el organismo fiscalizador.
Será la investigación del Ministerio Público la que deberá determinar si los antecedentes denunciados configuran algún delito y establecer, si corresponde, responsabilidades individuales.
“Con Sentido Público”: un espacio para analizar la controversia
La querella fue incorporada al debate del programa “Con Sentido Público”, espacio en el que participan los abogados Gloria Sagua y Eugenio Talep para abordar materias jurídicas, acontecimientos políticos y asuntos de interés ciudadano.
Ambos profesionales mantienen una participación directa en el conflicto institucional que enfrenta la administración municipal, pues también representan a los requirentes en el procedimiento que busca la remoción del alcalde Alexis Pineda ante el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía.
Aunque este procedimiento y la nueva querella criminal tienen objetivos y competencias diferentes, forman parte del debate sobre las responsabilidades administrativas y políticas derivadas de las actuaciones de autoridades y funcionarios municipales.
El caso también adquiere una dimensión regional por el cargo que actualmente desempeña Edon Velásquez en la DOH, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
La discusión sobre la documentación administrativa, la transparencia de los actos públicos y el cumplimiento de los deberes funcionarios vuelve así a instalarse en la agenda de Loncoche.
Por ahora, la querella constituye una solicitud de investigación penal y no una sentencia. Las conclusiones de Contraloría acreditan observaciones administrativas específicas, pero no reemplazan la investigación que corresponde desarrollar al Ministerio Público.
El capítulo de “Con Sentido Público” está disponible en YouTube:
Fuentes: El Austral de Temuco, edición del 7 de noviembre de 2026; Informe Final de Investigación Especial N.º 736/2022 de la Contraloría General de la República; programa Con Sentido Público, identificado como espacio donde se abordó la controversia.
