Portada

“Con Sentido Público” aborda irregularidades de la Expo Loncoche 2024 y cuestiona responsabilidades administrativas

El segundo capítulo del programa retoma las observaciones formuladas por la Contraloría Regional de La Araucanía sobre la administración de recursos públicos destinados al evento. La discusión apunta al rol de las autoridades municipales, los procedimientos disciplinarios y las responsabilidades que aún requieren esclarecimiento.

Las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la organización de la Expo Loncoche 2024 son el tema central del segundo capítulo de “Con Sentido Público”, espacio que vuelve a poner bajo discusión la administración de recursos municipales y las eventuales responsabilidades de quienes dirigían la Corporación Cultural Municipal de Loncoche.

El programa examina los antecedentes contenidos en el Informe Final de Auditoría N.º 611/2024, emitido el 10 de enero de 2025, documento que estableció diversas deficiencias administrativas, financieras y de control en la gestión de la corporación encargada de ejecutar el evento.

Uno de los aspectos centrales de la discusión es el papel que desempeñaban el alcalde de Loncoche, Alexis Pineda Ruiz, quien presidía la Corporación Cultural, y el entonces administrador municipal Edon Velásquez Catalán, quien ejercía como tesorero de la misma entidad.

El debate se concentra especialmente en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas y en los mecanismos de fiscalización sobre las corporaciones vinculadas a las municipalidades.

Los antecedentes que estableció Contraloría

El informe del organismo fiscalizador constató que la Corporación Cultural Municipal de Loncoche, constituida en diciembre de 2021, había desarrollado únicamente las versiones 2023 y 2024 de la Expo Loncoche hasta la fecha de la auditoría.

Según Contraloría, ambas actividades contemplaban principalmente objetivos relacionados con el fomento productivo, los cuales no se ajustaban a las finalidades culturales establecidas en los estatutos de la corporación.

La auditoría también detectó ausencia de registros contables, falta de conciliaciones bancarias y deficiencias en los mecanismos de control que debían permitir verificar el ingreso y destino de los recursos administrados por la institución.

Entre los antecedentes de mayor relevancia figura la transferencia de $260 millones desde la Municipalidad de Loncoche a la Corporación Cultural para la ejecución de la Expo 2024. De ese monto, Contraloría objetó particularmente una segunda subvención de $210 millones, destinada al pago de artistas y estructuras, al determinar que su utilización no se ajustaba a derecho.

El informe también estableció que el municipio no ejerció una fiscalización adecuada sobre el destino de esos recursos, además de formular otras observaciones relacionadas con la planificación financiera, contrataciones y rendiciones de cuentas.

El rol del alcalde y del exadministrador municipal

Uno de los puntos abordados en el segundo capítulo de “Con Sentido Público” es la participación de quienes integraban el directorio de la Corporación Cultural durante el período investigado.

De acuerdo con el propio informe de Contraloría, el alcalde Alexis Pineda Ruiz ejercía como presidente de la corporación, mientras que Edon Velásquez Catalán se desempeñaba como tesorero y, paralelamente, como administrador municipal.

Actualmente, Velásquez ocupa el cargo de director regional de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas en La Araucanía.

La discusión planteada por el programa se relaciona con las obligaciones de dirección, administración y fiscalización que correspondían a quienes participaban en la conducción de la corporación, así como con la determinación de eventuales responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas.

Sin embargo, las observaciones contenidas en una auditoría no equivalen, por sí solas, a una sanción administrativa o a una determinación judicial de responsabilidad individual.

¿Qué ocurrió con los procedimientos disciplinarios?

Este es uno de los principales interrogantes que plantea el capítulo.

En sus conclusiones, Contraloría dispuso la realización de un procedimiento disciplinario destinado a establecer eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron los hechos observados, incluyendo a aquellos vinculados con la Corporación Cultural.

El propio informe consigna que la Municipalidad de Loncoche había informado la instrucción de un procedimiento disciplinario mediante el Decreto Alcaldicio N.º 9.560, del 10 de septiembre de 2024.

No obstante, corresponde esclarecer el alcance efectivo de ese procedimiento, su desarrollo posterior y si se determinaron responsabilidades respecto de los funcionarios involucrados.

Hasta ahora, los antecedentes revisados para esta publicación no permiten confirmar el resultado definitivo de ese proceso ni establecer qué eventuales sanciones se aplicaron.

Precisamente, el programa invita a reflexionar sobre la eficacia de los mecanismos de control y la necesidad de conocer qué ocurre después de que Contraloría identifica irregularidades en el uso de recursos públicos.

Probidad, fiscalización e igualdad ante la ley

Más allá de las observaciones financieras, el segundo capítulo de “Con Sentido Público” plantea un debate sobre la responsabilidad de quienes ejercen funciones dentro de la administración del Estado.

Entre las preguntas propuestas a la ciudadanía destacan si los mecanismos de control funcionan de manera efectiva, cómo se garantiza la igualdad ante la ley y qué importancia otorgan las autoridades políticas a las responsabilidades asociadas al ejercicio de cargos públicos.

El caso de la Expo Loncoche 2024 mantiene relevancia para la comunidad porque involucra recursos municipales y decisiones adoptadas por una corporación cuya administración estaba estrechamente vinculada con autoridades y funcionarios del municipio.

La discusión deja planteada una interrogante fundamental: cuando un organismo fiscalizador detecta irregularidades, ¿cómo puede la ciudadanía conocer las medidas correctivas adoptadas y las eventuales responsabilidades determinadas?

Con este segundo capítulo, “Con Sentido Público” continúa abordando materias de fiscalización, transparencia y administración pública, invitando a la comunidad a participar de una discusión informada sobre hechos que afectan el interés público local.

Artículos relacionados

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Back to top button