Gobierno presiona al oficialismo ante acusación constitucional contra ministro Rabat y advierte sobre respaldo parlamentario
La Moneda busca evitar que diputados de su propio sector apoyen la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El Ejecutivo asegura que no existen fundamentos jurídicos para destituirlo, mientras parlamentarios de la UDI y RN mantienen sus cuestionamientos por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast intensificó las gestiones para conseguir el respaldo de los parlamentarios oficialistas ante la acusación constitucional anunciada por la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La controversia ha generado diferencias dentro de los partidos que respaldan al Ejecutivo y abrió un nuevo escenario de tensión política en La Moneda.
En medio de las críticas, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, defendió la continuidad del ministro y advirtió a los legisladores de su sector sobre las implicancias de respaldar la acusación.
Según informó CNN Chile, desde el Gobierno se recordó que, desde el retorno a la democracia en 1990, ningún parlamentario habría votado a favor de una acusación constitucional contra un integrante de su propio Ejecutivo. La afirmación fue planteada como argumento político en medio de las conversaciones destinadas a ordenar al oficialismo.
Gobierno defiende al ministro y descarta infracciones constitucionales
La controversia surgió tras conocerse una serie de decretos que permitieron rebajar las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, situación que provocó cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores oficialistas.
Pese a que el Presidente Kast reconoció errores políticos y humanos en el procedimiento, decidió mantener a Rabat en su cargo, argumentando que su actuación se ajustó a la legislación vigente.
Gonzalo Arenas sostuvo que los cuestionamientos políticos no constituyen necesariamente una causal para una acusación constitucional y aseguró que el Ejecutivo cuenta con argumentos jurídicos para defender al secretario de Estado.
El vocero también manifestó que el respaldo de los parlamentarios debe responder al cumplimiento de la Constitución y no únicamente a consideraciones políticas.
Diferencias en la UDI y Renovación Nacional
La defensa del ministro no ha logrado cerrar las diferencias dentro del oficialismo. Parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) han cuestionado la permanencia de Rabat, mientras sectores del Partido Republicano han respaldado la decisión del Presidente.
Uno de los legisladores que manifestó públicamente su disposición a apoyar una eventual acusación constitucional fue el diputado Hotuiti Teao, vinculado a la bancada UDI, aunque también planteó la necesidad de revisar los fundamentos del documento acusatorio.
Ante este escenario, el Gobierno ha iniciado conversaciones con las distintas bancadas para evitar que la oposición consiga los votos necesarios para avanzar en el proceso.
La oposición mantiene su decisión de impulsar la acusación
Desde la oposición sostienen que las rebajas de condenas ameritan establecer responsabilidades y que las explicaciones entregadas por el Ministerio de Justicia no han resultado satisfactorias.
En contraste, el Ejecutivo insiste en que reconocer errores políticos o administrativos no implica, por sí solo, haber infringido la Constitución o las leyes.
La acusación constitucional, de concretarse, obligará a los parlamentarios a pronunciarse sobre los fundamentos jurídicos de la presentación, en un contexto marcado por las diferencias entre los partidos de Gobierno.
Por ahora, el futuro político de Fernando Rabat continúa siendo uno de los principales focos de tensión para La Moneda, mientras la oposición avanza en la preparación de la acusación y el oficialismo busca definir una postura común.
