UDI y Republicanos: tensiones nacionales, cambios de seremis y el debate por el poder en La Araucanía
Las diferencias entre los partidos que respaldan al Presidente José Antonio Kast coinciden con un período de dificultades en la instalación y continuidad del gabinete regional. Las salidas de autoridades, los cuestionamientos a los nombramientos y las posiciones de dirigentes nacionales y regionales reabren una pregunta de fondo: ¿cuánto influyen las colectividades oficialistas en las decisiones del Ejecutivo y hasta dónde llega su respaldo cuando surgen discrepancias?
La relación entre la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Republicano enfrenta una prueba política que trasciende la controversia por la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Las diferencias que han surgido durante los últimos días sobre la lealtad al Presidente José Antonio Kast y la autonomía de los partidos también invitan a examinar cómo se ejerce y distribuye la influencia política dentro del Gobierno.
En La Araucanía, el debate adquiere particular relevancia. Durante los primeros siete meses de administración, la conformación del gabinete regional estuvo acompañada de dificultades reconocidas por el propio Ejecutivo, mientras distintas autoridades dejaron sus funciones y surgieron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar a quienes representan a los ministerios en el territorio.
El escenario deja una pregunta que comienza a cobrar mayor importancia: ¿hasta dónde están dispuestas las dirigencias partidarias a respaldar decisiones que pueden afectar a autoridades valoradas por sus propias colectividades?
No se trata solamente de establecer qué partido tiene mayor presencia en el aparato público. La discusión también apunta a la estabilidad del gabinete, la coordinación entre los representantes políticos y las responsabilidades que deben asumir quienes participan en la conducción regional.
La controversia nacional que tensionó al oficialismo
El conflicto entre la UDI y Republicanos se hizo especialmente visible durante octubre, luego de las críticas al ministro Fernando Rabat por la tramitación de decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Mientras el Presidente Kast mantuvo su respaldo al secretario de Estado, distintos parlamentarios de Chile Vamos expresaron reparos a su continuidad y cuestionaron el costo político de la decisión presidencial.
La tensión escaló el 29 de octubre, cuando los diputados gremialistas Marco Antonio Sulantay, Mario Olavarría y Natalia Romero respondieron públicamente a parlamentarios republicanos que habían cuestionado la actitud de sus aliados.
Los legisladores de la UDI rechazaron que advertir al Presidente sobre las consecuencias de una controversia constituya una falta de lealtad. Incluso emplazaron a sus socios a aclarar si pretendían que el gremialismo abandonara el oficialismo.
Desde Republicanos, los diputados Agustín Romero y Alejandro Riquelme defendieron la necesidad de respaldar las decisiones adoptadas por Kast, cuestionando las exigencias públicas de renuncia formuladas desde las propias filas gubernamentales.
El episodio expuso dos maneras de entender la participación en el oficialismo: una que pone énfasis en la autonomía de los partidos para expresar diferencias y otra que privilegia el respaldo político a las decisiones presidenciales.
Sin embargo, tampoco existe una posición completamente uniforme dentro de la UDI.
Su presidente nacional, Guillermo Ramírez, había defendido días antes la actuación del ministro Rabat y valorado las disculpas ofrecidas por el senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, tras una controversia con el exministro Hernán Larraín.
Posteriormente, Ramírez reconoció que el oficialismo atravesaba un momento político difícil, aunque sostuvo que las diferencias podían resolverse.
La discusión, por tanto, no puede reducirse a dos partidos enfrentados en bloques homogéneos. También refleja distintas posiciones dentro de las propias colectividades.
Carlos Larraín y la advertencia sobre la permanencia en el Gobierno
A esta controversia se sumó el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien el 30 de octubre respaldó la decisión presidencial de mantener a Fernando Rabat.
En declaraciones entregadas a La Tercera y recogidas por Nuevo Poder, el exsenador sostuvo:
“O se está con el Gobierno o no se está. Si no, pásense a la oposición”.
Larraín fue más allá y planteó que una colectividad que decida romper con el Ejecutivo también debería retirar a sus representantes de los cargos que ocupa dentro de la administración pública.
Aunque se trata de una posición personal y no de una resolución oficial de RN, sus declaraciones introducen una pregunta que también puede trasladarse al debate regional: ¿qué ocurre con la participación de los partidos en el Gobierno cuando discrepan de decisiones adoptadas por el Presidente?
En La Araucanía, ese interrogante resulta especialmente pertinente debido a los antecedentes que han marcado la conformación y los cambios del gabinete.
Las dificultades para nombrar seremis comenzaron en marzo
La instalación del Gobierno regional no estuvo exenta de problemas.
El 20 de abril, Radio Bío Bío informó que el Ejecutivo reconocía dificultades para nombrar secretarios regionales ministeriales en La Araucanía.
El seremi de Gobierno, Felipe Montero, explicó entonces que se trataba de un proceso complejo, considerando la participación de personas provenientes de distintos sectores políticos que colaboraban con la administración.
Sus declaraciones se produjeron después de que algunos nombramientos en las carteras de Trabajo y Seguridad debieran revertirse por incumplimiento de requisitos.
El antecedente es significativo porque confirma que las dificultades para conformar el gabinete no fueron solamente interpretaciones de la prensa o comentarios provenientes de los partidos.
Dos meses después, el propio delegado presidencial Francisco Ljubetic reconoció problemas en la instalación de las seremis, dificultades para renovar equipos y limitaciones que habían afectado el funcionamiento sectorial.
Si bien destacó avances de la gestión, también admitió que cada repartición había enfrentado situaciones particulares.
Estas declaraciones permiten establecer un primer elemento de análisis: la coordinación política y administrativa del gabinete ha sido un desafío desde el inicio de la actual administración.
Sin embargo, reconocer dificultades no significa que exista evidencia de una disputa específica entre la UDI y Republicanos por el reparto de cargos.
Cristián Neira anticipó posibles cambios antes de las salidas de octubre
Otro antecedente aparece el 29 de julio.
Ese día, el diputado republicano por el Distrito 23, Cristián Neira, reconoció públicamente que el Gobierno estaba evaluando modificaciones en el gabinete regional.
Aunque expresó una valoración general favorable de los seremis, advirtió que en determinadas áreas se había observado inexperiencia política.
El parlamentario señaló que podrían producirse cambios durante el año y planteó la necesidad de adoptar decisiones que respondieran a las expectativas de la ciudadanía.
La declaración adquiere relevancia al revisar los acontecimientos posteriores.
Durante septiembre y octubre, dos carteras importantes quedaron sin sus respectivos titulares: Salud y Obras Públicas.
No existen antecedentes que permitan afirmar que Neira conociera anticipadamente esas remociones o que tuviera participación en ellas. Su intervención, sin embargo, demuestra que la evaluación de autoridades ya formaba parte de la discusión pública dentro del propio oficialismo regional.
Marisol Wickel y Llino González: dos dirigencias frente al desafío del Gobierno
En el escenario regional, la UDI y Republicanos cuentan con conducciones políticas encabezadas por Llino González y Marisol Wickel, respectivamente.
González ha representado públicamente al gremialismo regional y ha manifestado respaldo a distintas posiciones de su directiva nacional. En agosto, por ejemplo, defendió el legado del expresidente Sebastián Piñera frente a las conclusiones de una comisión investigadora relacionada con el estallido social.
Por su parte, Wickel asumió el liderazgo republicano regional después de una elección interna competitiva.
La lista que encabezó obtuvo 325 votos, equivalentes al 51,7% de las preferencias, frente a los 297 sufragios alcanzados por la lista competidora.
El resultado marcó una renovación de la conducción partidaria, aunque la estrecha diferencia electoral no constituye por sí misma evidencia de divisiones políticas actuales.
Durante septiembre, la nueva directiva republicana sostuvo una reunión con el delegado presidencial Francisco Ljubetic.
En ese encuentro, Wickel expresó su disposición a colaborar con el Gobierno y mantener mecanismos permanentes de coordinación política.
La reunión reflejó públicamente una relación institucional de colaboración entre la dirigencia republicana y la Delegación Presidencial.
Pero esa disposición tendría una prueba política semanas después, cuando el Ejecutivo solicitó la renuncia de una autoridad cuya gestión fue defendida públicamente por Republicanos.
David Plaza: la salida del MOP que dejó una señal política
El 6 de octubre, el Gobierno solicitó la renuncia de David Plaza Neira, quien desde marzo se desempeñaba como seremi de Obras Públicas de La Araucanía.
La decisión fue confirmada por distintos medios nacionales y regionales, aunque las razones específicas de su salida no fueron comunicadas oficialmente.
Algunas publicaciones mencionaron cuestionamientos relacionados con el estado de los caminos y la respuesta de la repartición frente a las emergencias provocadas por los sistemas frontales. Sin embargo, esas versiones no fueron presentadas públicamente por el Gobierno como la explicación formal de la remoción.
Un día después, la directiva regional del Partido Republicano emitió una declaración que añadió una dimensión política al episodio.
En el documento, difundido también por Loncoche Informado, la colectividad manifestó su pesar por la salida de Plaza y destacó su experiencia técnica, trabajo territorial y cercanía con las comunidades.
La directiva afirmó respetar las atribuciones administrativas del Ejecutivo, pero decidió hacer una valoración pública positiva de la autoridad saliente.
El contraste es evidente: mientras el Gobierno puso término a la permanencia de Plaza, una de las colectividades oficialistas regionales optó por reivindicar su gestión.
Aquello no demuestra una ruptura entre Republicanos y La Moneda, ni permite atribuir la remoción a presiones de otro partido.
Sí constituye una señal política concreta y verificable que merece ser considerada al analizar la relación entre las dirigencias regionales y las decisiones del Gobierno.
La pregunta que permanece sin respuesta oficial es qué criterios determinaron la salida de Plaza y cómo se resolverá la conducción definitiva de Obras Públicas.
Salud y Obras Públicas: cambios con consecuencias para la gestión
La salida de David Plaza se produjo después de otro episodio relevante.
El 15 de septiembre, el Ministerio de Salud solicitó la renuncia del seremi José Bravo Burgos, a raíz de declaraciones consideradas inapropiadas por la cartera tras la tragedia ocurrida en un establecimiento de adultos mayores en Pitrufquén, donde fallecieron 16 personas.
A diferencia del caso del MOP, el Ministerio de Salud sí entregó públicamente una explicación de la decisión adoptada.
Ambas situaciones tienen antecedentes distintos y no corresponde atribuirles un mismo origen político.
Sin embargo, consideradas desde la perspectiva de la administración regional, plantean un problema compartido: cómo garantizar estabilidad, continuidad y capacidad de respuesta cuando se producen cambios en reparticiones que tienen responsabilidades directas sobre la población.
El 12 de octubre, el senador Ricardo Celis cuestionó públicamente que Salud y Obras Públicas continuaran sin autoridades titulares, advirtiendo sobre las necesidades de infraestructura y atención sanitaria de la región.
La discusión, por tanto, no puede quedar limitada a las consideraciones internas de los partidos.
También tiene una dimensión institucional que exige respuestas del Gobierno.
El mapa de influencia incluye parlamentarios y autoridades de servicios
El análisis del poder político en La Araucanía tampoco puede limitarse a las dos presidencias regionales.
La UDI cuenta con el diputado Eduardo Cretton, representante del Distrito 22 y vicepresidente de la colectividad, quien participa tanto en la actividad parlamentaria como en su conducción nacional.
A ello se suma la trayectoria del exdiputado gremialista Henry Leal, actual director regional de Corfo, quien había encabezado anteriormente la UDI en La Araucanía.
En Republicanos, el senador Rodolfo Carter y diputados como Cristián Neira y Stephan Schubert integran el espacio de representación parlamentaria del sector en la región.
Estas figuras poseen responsabilidades diferentes y capacidades de interlocución política que no deben confundirse con atribuciones administrativas sobre los nombramientos.
Precisamente aquí aparece una distinción fundamental.
La Ley N.º 19.175 establece que los seremis son nombrados por el Presidente de la República, a partir de una terna elaborada por el delegado presidencial regional y escuchando al ministro respectivo.
Los partidos y parlamentarios pueden formular propuestas o expresar respaldos políticos, pero esa eventual participación no equivale a una atribución legal para designar autoridades.
Por ello, para acreditar un reparto de cargos sería necesario establecer qué nombres fueron propuestos, quiénes intervinieron en esas recomendaciones y qué participación tuvieron efectivamente las dirigencias partidarias.
Hasta ahora, los antecedentes revisados no permiten reconstruir una distribución completa de seremis entre la UDI, Republicanos y las demás fuerzas oficialistas.
La Araucanía necesita continuidad en sus proyectos
El debate adquiere otra dimensión cuando se observa el volumen de iniciativas públicas que deben ejecutar las reparticiones regionales.
El 29 de octubre, la Delegación Presidencial informó que Marcelo Muñoz Riquelme continuaba ejerciendo como seremi subrogante de Obras Públicas.
Ese mismo día, el Gobierno anunció avances del Plan Chile Despega en Freire, informando que la cartera regional del MOP considera 43 iniciativas de infraestructura y que 23 proyectos avanzaban hacia procesos de licitación.
Entre las obras mencionadas figura la pavimentación del camino Folilco–Huente–Curaco, destinada a mejorar la conectividad rural.
Para comunas como Loncoche, las decisiones de Obras Públicas también son relevantes debido a los proyectos vinculados a defensas fluviales, caminos, infraestructura de conectividad y sistemas de agua potable rural.
La existencia de autoridades subrogantes no significa que los proyectos estén paralizados. La administración pública dispone de mecanismos para mantener su funcionamiento.
Sin embargo, los reemplazos plantean exigencias adicionales de coordinación, seguimiento y responsabilidad respecto de los programas comprometidos.
En este escenario, la calidad de los nombramientos y la evaluación del desempeño adquieren una importancia que supera cualquier consideración partidaria.
¿Hasta dónde soportarán las cúpulas las diferencias?
La interrogante principal vuelve entonces a las dirigencias políticas.
A nivel nacional, sectores de la UDI han defendido su derecho a cuestionar decisiones del Presidente, mientras parlamentarios republicanos han exigido mayor respaldo al Ejecutivo.
En La Araucanía, las directivas de Llino González y Marisol Wickel mantienen responsabilidades de conducción política en un escenario donde el gabinete ha experimentado dificultades y cambios.
¿Comparten ambas dirigencias una evaluación de la gestión regional? ¿Qué criterios consideran adecuados para remover a un seremi? ¿Cómo reaccionarían ante nuevos nombramientos que no respondieran a sus expectativas?
Son preguntas legítimas, pero sus respuestas no pueden presumirse.
No existen declaraciones públicas suficientes para afirmar que González y Wickel mantienen un enfrentamiento personal o una disputa directa por determinadas seremis.
Tampoco se encuentra acreditado que la salida de David Plaza haya sido resultado de una pugna entre ambas colectividades.
Lo documentado es un escenario más amplio: dificultades reconocidas durante la instalación del Gobierno, advertencias sobre posibles cambios, remociones efectivas y diferencias públicas sobre el respaldo político que corresponde entregar al Ejecutivo.
En ese contexto, las tensiones nacionales pueden servir como referencia para examinar la convivencia oficialista regional, aunque no demuestran que ambas realidades respondan a las mismas causas.
El desafío de gobernar más allá de las lealtades partidarias
La discusión sobre UDI y Republicanos termina poniendo sobre la mesa una cuestión de mayor alcance.
Los partidos tienen derecho a participar del debate público, expresar diferencias y respaldar a quienes consideran preparados para asumir responsabilidades gubernamentales.
El Ejecutivo, por su parte, debe ejercer sus atribuciones con criterios que permitan asegurar idoneidad, confianza institucional y cumplimiento de objetivos.
El problema aparece cuando no existe claridad pública sobre las razones que justifican ciertos nombramientos o remociones, especialmente en carteras que administran proyectos y servicios relevantes para la ciudadanía.
Para el delegado presidencial Francisco Ljubetic, la estabilidad del gabinete regional constituye un desafío administrativo y político que exige coordinación entre los ministerios, sus representantes territoriales y las distintas fuerzas que respaldan al Gobierno.
La crisis nacional por Fernando Rabat ha instalado una discusión sobre la lealtad y la autonomía de los partidos. En La Araucanía, los antecedentes de los últimos meses permiten agregar otra pregunta: ¿cómo se garantiza que las decisiones sobre autoridades regionales respondan prioritariamente a las necesidades de gestión?
El desafío no consiste en eliminar las diferencias políticas, sino en establecer mecanismos que permitan administrarlas sin desplazar las responsabilidades institucionales.
Porque, finalmente, la pregunta más importante para la ciudadanía no es qué partido recomendó a un seremi, sino quién responde por su nombramiento, cómo se evalúa su desempeño y qué resultados entrega a la región.
Y mientras esas respuestas no sean suficientemente claras, el debate sobre la influencia política en el gabinete de La Araucanía seguirá abierto.
