Carta de opinión Héctor Barrera
Señoras y señores concejales de Loncoche:
Quiero partir por algo básico. Ustedes no fueron elegidos solamente para asistir al Concejo Municipal, participar en actividades, gestionar solicitudes de vecinos o aparecer en fotografías junto al alcalde.
También fueron elegidos para fiscalizar.
Y quizás ha llegado el momento de preguntarnos seriamente si esa función se está ejerciendo con toda la fuerza que Loncoche necesita.
Fiscalizar no significa estar contra el alcalde. Tampoco significa rechazar cada iniciativa que presente la administración. Fiscalizar significa estudiar, preguntar, revisar antecedentes, advertir errores y, sobre todo, entender qué se está aprobando antes de levantar la mano.
Porque estamos hablando de recursos públicos.
Y los recursos públicos no pertenecen al alcalde, a los concejales ni a la Municipalidad. Pertenecen a todos.
Durante el último tiempo han ocurrido situaciones que deberían haber generado muchas más preguntas.
Una de ellas es el FIGEM.
En 2025 Loncoche recibió $126.053.000 del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal. Para 2026, la comuna quedó fuera de la distribución. El resultado está establecido.
Entonces uno se pregunta: ¿quién estaba mirando eso antes?
¿Quién preguntó cómo estaban nuestros indicadores?
¿Quién advirtió que podíamos perder una fuente de financiamiento que apenas un año antes había significado más de $126 millones para inversión?
Porque fiscalizar después de perder los recursos es fácil.
La verdadera fiscalización habría sido preguntarse antes qué estaba ocurriendo.
Lo mismo ocurre con el presupuesto municipal.
Con frecuencia vemos llegar modificaciones presupuestarias al Concejo. Y quiero ser claro: modificar un presupuesto es legal y muchas veces necesario. Durante un año aparecen nuevos recursos, emergencias, proyectos que cambian y necesidades que no estaban previstas.
Pero si el presupuesto necesita ser modificado permanentemente, entonces también debemos hacernos una pregunta incómoda:
¿para qué hacemos un presupuesto si después debemos estar corrigiéndolo constantemente?
Esa pregunta no significa que cada modificación esté mal.
Significa que cada modificación debería ser entendida.
Si se trasladan $10 millones, $50 millones o $100 millones de una cuenta a otra, el concejal debería saber exactamente de dónde salen, para qué estaban destinados originalmente y por qué ahora deben utilizarse en otra cosa.
¿Qué dejamos de hacer?
¿Qué apareció que no estaba planificado?
¿Fue un nuevo ingreso o estamos reparando una mala estimación?
Eso es fiscalizar.
No puede convertirse en una rutina donde llega una modificación, alguien explica rápidamente los números, se vota y pasamos al punto siguiente de la tabla.
También tenemos la compra del vehículo destinado a Alcaldía.
Loncoche adquirió una Toyota Fortuner por $39.951.000, financiada con recursos FIGEM 2025, y existe un certificado que acredita que la emisión de la orden de compra pasó por el Concejo Municipal.
Nuevamente: el problema no es afirmar que un alcalde no pueda contar con un vehículo institucional.
La pregunta es mucho más sencilla.
¿Era necesaria una camioneta de casi $40 millones?
¿Se buscaron alternativas?
¿Se preguntó cuánto costaba reparar el vehículo anterior?
¿Se evaluaron otras prioridades?
¿Quién hizo esas preguntas?
Porque aprobar también implica asumir responsabilidad.
Y ahora tenemos otra inversión importante: el Punto de Posada para Helicópteros de Loncoche.
La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas abrió oficialmente la licitación para esta infraestructura.
Personalmente considero positivo que Loncoche avance en infraestructura para emergencias, incendios forestales, rescates o eventuales evacuaciones.
Pero nuevamente pregunto:
¿Quién está preguntando cómo funcionará?
¿Quién lo administrará?
¿Qué helicópteros podrán utilizarlo?
¿Podrá emplearse para evacuaciones médicas?
¿Quién asumirá su mantención?
¿Existirán protocolos con Salud, Bomberos, CONAF o SENAPRED?
¿Tendremos una plataforma para helicópteros o tendremos un sistema realmente operativo cuando ocurra una emergencia?
Preguntar no significa estar contra el proyecto.
Al contrario.
Cuando una obra pública cuesta cientos de millones de pesos, las preguntas deberían ser obligatorias.
Y aquí quiero detenerme en algo que también merece conversación.
Tenemos concejales que, además del cargo para el cual fueron elegidos, desempeñan otras responsabilidades públicas.
Elba Matuz ejerce también como consejera nacional ante CONADI, mientras Víctor Véjar ha participado públicamente en actividades municipales en su calidad de profesional del Plan Buen Vivir. La propia Municipalidad ha informado esos roles.
No estoy diciendo que aquello sea ilegal.
Ese no es el punto.
La pregunta es otra:
¿es recomendable acumular funciones vinculadas al Estado cuando ser concejal ya exige estudiar presupuestos, licitaciones, contratos, subvenciones, proyectos y modificaciones presupuestarias?
Si una persona puede cumplir ambas funciones correctamente, perfecto.
Pero entonces debe demostrarlo con trabajo.
Porque ser concejal no es solamente llegar a una sesión.
Hay que prepararla.
Hay que leer.
Hay que asesorarse.
Hay que preguntar.
Y después hay que hacer seguimiento.
También hemos visto concejales preocupados actualmente por fiscalizar situaciones que vienen desarrollándose desde antes.
Bienvenido sea.
Pero nuevamente aparece la misma interrogante:
¿por qué ahora y no antes?
Fiscalizar cuando el problema ya está instalado públicamente es necesario, pero fiscalizar antes es mucho más útil.
Antes de que se pierda un recurso.
Antes de aprobar una compra.
Antes de que una decisión genere controversia.
Antes de que todo termine convertido en una explicación posterior.
Y hay otra costumbre que me preocupa.
En los concejos se pide información.
“Solicito un informe”.
“Que nos entreguen los antecedentes”.
“Que Jurídico responda”.
“Que Finanzas explique”.
Perfecto.
¿Y después?
¿Llegó el informe?
¿Qué decía?
¿Fue satisfactoria la respuesta?
¿El concejal volvió sobre el tema?
Porque de nada sirve pedir diez documentos si posteriormente nadie pregunta qué ocurrió con ellos.
A veces da la impresión de estar viendo un curso donde todas las semanas se dan tareas, pero nunca llega el día en que el profesor las revisa.
También resulta curioso escuchar que un concejal necesita permanentemente que el Jurídico Municipal le explique cómo actuar.
Por supuesto que puede solicitar asesoría. Nadie tiene obligación de conocer cada norma.
Pero no olvidemos algo fundamental: el concejal debe fiscalizar a la misma estructura municipal de la cual forma parte ese departamento jurídico.
Por eso hay que asesorarse, sí.
Pero también desarrollar criterio propio, buscar antecedentes externos cuando sea necesario y entender que la explicación de la administración no puede ser siempre el final de la discusión.
Y después están las fotografías.
Fotografías en reuniones.
Fotografías en inauguraciones.
Fotografías en terreno.
Fotografías con el alcalde.
No tengo ningún problema con ellas.
La representación pública también forma parte del cargo.
Pero una fotografía no fiscaliza.
Una publicación en Facebook no revisa un presupuesto.
Un saludo protocolar no analiza una licitación.
Y acompañar permanentemente al alcalde tampoco constituye por sí mismo trabajo fiscalizador.
Un concejal no fue elegido para ser enemigo del alcalde.
Pero tampoco fue elegido para ser parte de su comitiva.
Fue elegido para representar a la ciudadanía.
Y representar significa que cuando el alcalde presenta un buen proyecto, se apoya.
Cuando existe una mala decisión, se cuestiona.
Cuando faltan antecedentes, se piden.
Cuando los números no cuadran, se revisan.
Y cuando algo no convence, también existe el voto en contra.
Eso es democracia municipal.
No necesitamos concejales que sepan todo.
Eso sería imposible.
Necesitamos concejales que tengan la humildad de reconocer cuando no saben y la responsabilidad de estudiar antes de decidir.
Porque para ocupar una silla en el Concejo no debería bastar haber ganado una elección.
Hay que estar a la altura del cargo durante los cuatro años siguientes.
Loncoche tiene muchas necesidades.
Sector rural, caminos, agua potable, vivienda, seguridad, salud, infraestructura y oportunidades para nuestros jóvenes, emprendedores y adultos mayores.
Por eso no podemos darnos el lujo de administrar sin planificación.
Tampoco podemos acostumbrarnos a que cada problema se explique después de ocurrido.
Loncoche es una comuna que perfectamente puede aspirar a una administración mejor.
No porque todo esté mal.
Sino precisamente porque siempre se puede hacer mejor.
Mejor planificación.
Mejor control.
Más preguntas.
Más transparencia.
Más preparación.
Y sobre todo, mayor independencia entre quien administra y quienes tienen el deber de fiscalizar esa administración.
El alcalde tiene su función.
Los funcionarios tienen la suya.
Y ustedes, señoras y señores concejales, tienen otra.
Fiscalizar.
No después.
No solamente cuando aparece una denuncia.
No cuando el problema está en las redes sociales.
No cuando los recursos ya se perdieron.
Fiscalizar mientras las decisiones todavía pueden cambiarse.
Porque finalmente existe algo que tampoco debemos olvidar:
ustedes fiscalizan a la administración municipal.
Pero la ciudadanía también está mirando y tiene todo el derecho de fiscalizar a sus fiscalizadores.
Loncoche puede tener una mejor administración.
Y para conseguirla necesitamos que cada institución cumpla realmente el papel para el cual existe.
