El Congreso discute la etapa final del proyecto que busca eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda de los propietarios mayores de 65 años. Aunque la propuesta contempla compensaciones para los municipios, alcaldes cuestionan su distribución y las condiciones exigidas. La Araucanía aparece especialmente expuesta porque es la segunda región más dependiente del Fondo Común Municipal.
El beneficio propuesto para los adultos mayores parece sencillo: que las personas mayores de 65 años no paguen contribuciones por su vivienda principal. Sin embargo, detrás de la iniciativa existe una discusión más amplia sobre quién financiará la rebaja y cómo se protegerán los recursos de los municipios.
El asunto es especialmente relevante para La Araucanía, donde gran parte de las municipalidades depende de los dineros distribuidos mediante el Fondo Común Municipal.
¿Qué son las contribuciones?
Las contribuciones corresponden al impuesto territorial aplicado a determinados bienes raíces. Su cálculo considera el avalúo fiscal de la propiedad, un valor establecido por el Servicio de Impuestos Internos y que no necesariamente coincide con su precio de venta.
No todas las viviendas pagan este impuesto. Desde el 1 de julio de 2026, las propiedades habitacionales con un avalúo fiscal igual o inferior a $61.711.570 se encuentran exentas.
Esto significa que una parte importante de las viviendas de menor avalúo, especialmente en comunas rurales o de menores ingresos, ya no paga contribuciones.
¿Dónde termina el dinero recaudado?
La recaudación de las contribuciones se destina íntegramente al sistema municipal, pero no permanece completamente en la comuna donde está ubicada la propiedad.
En la mayoría de los municipios, un 40% queda como ingreso de la comuna de origen y un 60% se incorpora al Fondo Común Municipal. En Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, el aporte proveniente del impuesto territorial es de un 65%.
El Fondo Común Municipal funciona como un mecanismo de redistribución. Las comunas con mayor capacidad económica aportan más recursos para ayudar a financiar a aquellas que tienen menores ingresos propios.
Estos dineros contribuyen al funcionamiento municipal y al financiamiento de servicios como alumbrado público, recolección de basura, mantención de espacios públicos, programas sociales y otras prestaciones comunales.
La alta dependencia de La Araucanía
Según el Sistema Nacional de Información Municipal, un 76,73% de los ingresos propios de los municipios de La Araucanía proviene del Fondo Común Municipal.
Es el segundo porcentaje más alto de Chile, solamente superado por Arica y Parinacota, con un 77,05%. En el extremo contrario aparecen Antofagasta y la Región Metropolitana, donde la dependencia bordea el 40%.
En términos sencillos, cualquier cambio que afecte al Fondo Común Municipal resulta especialmente sensible para comunas de La Araucanía, debido a su menor capacidad para generar ingresos propios mediante contribuciones, patentes y otros cobros.
Esta situación también alcanza a comunas como Loncoche, cuyos recursos municipales dependen en una proporción importante de las transferencias provenientes de este sistema solidario.
¿Qué propone el proyecto?
La legislación vigente ya contempla una rebaja de contribuciones para adultos mayores que cumplen determinados requisitos relacionados con sus ingresos y el avalúo fiscal de su vivienda.
Dependiendo de sus ingresos, una persona mayor puede acceder actualmente a una rebaja del 50% o del 100% del impuesto territorial correspondiente a su propiedad.
La nueva propuesta amplía el beneficio y busca eximir del pago de contribuciones a la vivienda principal de los propietarios mayores de 65 años.
El objetivo declarado es evitar que una persona mayor deba destinar una parte significativa de su pensión al pago de este impuesto, especialmente cuando vive en una propiedad cuyo avalúo aumentó con el paso de los años.
¿Quiénes recibirían el mayor ahorro?
El beneficio solamente genera un ahorro para quienes actualmente pagan contribuciones. Por lo tanto, una persona cuya vivienda ya está bajo el tramo exento no experimentaría un cambio en su situación.
El mayor impacto económico se concentraría en propietarios de viviendas con avalúos fiscales más elevados. Esta clase de propiedades se encuentra principalmente en comunas de mayores ingresos, como Las Condes, Vitacura o Providencia.
En regiones con una alta proporción de viviendas exentas, como ocurre en sectores rurales de La Araucanía, serían menos los adultos mayores beneficiados directamente.
Aquí aparece la principal paradoja del proyecto: las mayores rebajas se concentrarían en comunas con propiedades de alto avalúo, mientras la protección de los ingresos municipales debe alcanzar también a territorios que recibirían pocos beneficios directos.
La controversia por la compensación
Durante las primeras etapas de la discusión, alcaldes y asociaciones municipales advirtieron que la exención podía provocar una disminución cercana a los US$200 millones en el sistema municipal.
La fórmula fue modificada posteriormente por la Comisión Mixta del Congreso. El mecanismo aprobado contempla que la Tesorería General de la República entregue anualmente $110 mil millones al Fondo Común Municipal y otros $80 mil millones directamente a las municipalidades.
Según el Gobierno, estos recursos permitirían compensar completamente la menor recaudación ocasionada por la exención.
La discusión actual ya no se concentra únicamente en cuánto dinero se devolverá, sino también en la forma en que será distribuido.
Quienes cuestionan el mecanismo sostienen que entregar a cada municipio una cantidad equivalente a lo que dejó de recaudar podría mantener las diferencias existentes. Una comuna con muchas propiedades de alto avalúo perdería más, pero también recibiría una compensación mayor que otra comuna con menos recursos y pocas viviendas afectas al impuesto.
Condiciones para recibir los recursos
Parte de las compensaciones estaría sujeta al cumplimiento de ciertas exigencias por parte de las municipalidades.
Entre ellas se considera mantener actualizada la información municipal sobre recursos humanos y reducir, al menos en un 30%, los tiempos de tramitación de determinados permisos.
Este punto también genera cuestionamientos, porque algunos alcaldes sostienen que la compensación corresponde a ingresos que los municipios dejarán de recibir y, por lo tanto, no debería depender del cumplimiento de obligaciones administrativas adicionales.
¿Le conviene la medida a La Araucanía?
La respuesta depende de cómo se aplique finalmente.
La exención puede representar una ayuda concreta para adultos mayores que viven con una pensión reducida, pero son propietarios de una vivienda cuyo avalúo fiscal los obliga a pagar contribuciones.
Sin embargo, en La Araucanía una parte importante de las viviendas ya se encuentra exenta debido a su menor avalúo. Por ello, el número de personas beneficiadas directamente podría ser proporcionalmente más bajo que en las comunas de mayores ingresos del país.
El principal interés regional está en que la compensación sea completa, permanente y proteja efectivamente al Fondo Común Municipal. Una disminución de esos recursos podría afectar con mayor intensidad a los municipios que poseen menor capacidad de recaudación propia.
¿La exención ya está vigente?
No. Al 29 de julio de 2026, el proyecto todavía no se encuentra vigente.
La propuesta fue aprobada por ambas cámaras en sus aspectos centrales, pero las diferencias relacionadas con la compensación municipal debieron ser analizadas por una Comisión Mixta.
El informe de esa instancia fue respaldado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Falta que el Senado se pronuncie sobre la fórmula acordada, cuya votación fue postergada para agosto.
Mientras la iniciativa no termine su tramitación y sea publicada en el Diario Oficial, continúa vigente el beneficio administrado actualmente por el Servicio de Impuestos Internos.
En resumen, la discusión no consiste solamente en entregar una ayuda a los adultos mayores. También busca determinar cómo se financiará esa exención y de qué manera se evitará que el beneficio termine debilitando los recursos de municipios que, como los de La Araucanía, dependen ampliamente del Fondo Común Municipal.
Fuentes: Servicio de Impuestos Internos; Sistema Nacional de Información Municipal; Senado de la República; Cámara de Diputadas y Diputados.
