Más del 60% de municipios no transparenta uso del royalty minero: en Loncoche, todos los fondos fueron a educación, un área bajo cuestionamiento
Un informe del Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que más del 60% de los municipios beneficiados con el royalty minero en Chile no detalla ni publica el uso de los recursos recibidos, lo que refleja una preocupante brecha de transparencia en la rendición de cuentas.
En 2024, de las 307 municipalidades que recibieron fondos, 187 (61%) incumplieron con la obligación de publicar informes sobre el destino de estos dineros, equivalentes a más de $93.645 millones. Los problemas van desde ausencia total de información hasta reportes incompletos o mal ubicados en los portales de transparencia .
La situación se agrava en 2025: la Ley de Presupuestos ya no exige publicar esta información, y solo un 20% de los municipios revisados por el CPLT entrega voluntariamente datos sobre los recursos, sin formatos estandarizados y con menor respuesta a solicitudes ciudadanas .
Diversidad de usos, escasa fiscalización
Los fondos se han destinado principalmente a inversión (37%), bienes y servicios de consumo (23%) y transferencias corrientes (18%).
La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió sobre la “brecha importante de transparencia” y la necesidad de fortalecer los controles. Expertos alertan que la falta de capacidades técnicas y de exigencias normativas abre riesgos de mal uso de estos cuantiosos fondos.
El caso de Loncoche: royalty a educación, en medio de desorden
En el caso de Loncoche, el municipio destinó la totalidad de los recursos del royalty minero al área de educación municipal. Sin embargo, esta decisión contrasta con lo revelado recientemente por una auditoria (2023-2024)
El Informe Final de Auditoría respecto al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM):
- Irregularidades graves en registros de ingresos y gastos.
- Carencia de respaldo técnico en la información financiera.
- Procesos administrativos mal instruidos, como el sumario cuestionado contra un funcionario denunciante.
Es decir, los fondos de royalty en Loncoche fueron dirigidos justamente hacia una unidad municipal que presenta severas falencias de gestión y transparencia, generando dudas sobre la eficacia y el destino real de estos recursos que debieran promover el desarrollo local.
Pregunta abierta
El panorama nacional y el caso particular de Loncoche vuelven a instalar la discusión: ¿quién fiscaliza efectivamente el uso del royalty minero? Mientras los municipios reciben miles de millones con escaso control, la ciudadanía sigue sin acceso a información clara y confiable sobre cómo se gasta este dinero que pertenece a todos.
Fuentes: Consejo para la Transparencia; Emol; Puranoticia; Reporte Minero; Diario Concepción
