UDI Araucanía respalda reforma de seguridad de Kast y emplaza a la oposición: “Debe definir de qué lado está”
El presidente regional de la UDI Araucanía, Llino González, valoró la reforma constitucional firmada por el Presidente José Antonio Kast en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. El dirigente llamó al Congreso a avanzar en la iniciativa y emplazó a la oposición a definir su posición frente a las nuevas herramientas propuestas por el Ejecutivo.
La Unión Demócrata Independiente (UDI) de La Araucanía expresó su respaldo a la reforma constitucional firmada este lunes 10 de agosto por el Presidente José Antonio Kast, iniciativa que forma parte de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno.
La propuesta busca incorporar nuevas herramientas constitucionales para enfrentar organizaciones criminales y terroristas y se suma a un paquete legislativo más amplio presentado por el Ejecutivo en materia de seguridad pública. La ACOT contempla alrededor de una treintena de iniciativas, algunas nuevas y otras que ya se encontraban en discusión parlamentaria.
Entre los aspectos anunciados por el Gobierno se encuentra establecer expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, avanzar en mecanismos jurídicos destinados a identificar y perseguir organizaciones criminales y terroristas y crear un nuevo estado de excepción constitucional para situaciones de grave alteración de la seguridad pública vinculadas a este tipo de agrupaciones.
La agenda gubernamental considera además modificaciones legales relacionadas con persecución del crimen organizado, control fronterizo, sistema penitenciario, facultades policiales y persecución patrimonial de las estructuras criminales. El Ejecutivo ha planteado como objetivo avanzar rápidamente en la discusión de estas materias en el Congreso.
UDI Araucanía respalda la propuesta
A través de una declaración entregada por la colectividad, el presidente regional de la UDI Araucanía, Llino González, sostuvo que el debate parlamentario debe concentrarse en entregar herramientas efectivas al Estado para enfrentar la delincuencia organizada y el terrorismo.
“Chile necesita recuperar plenamente la seguridad y el Estado debe contar con las herramientas necesarias para enfrentar al crimen organizado y al terrorismo. Esta reforma aborda materias concretas: fortalece la responsabilidad del Estado en seguridad, permite enfrentar de mejor manera a las organizaciones criminales y entrega nuevas herramientas para situaciones de grave alteración del orden y la seguridad pública”, afirmó González.
El dirigente gremialista también reconoció que, debido al carácter constitucional de la iniciativa, su aprobación requerirá acuerdos políticos en el Congreso.
En ese contexto, emplazó directamente a los sectores opositores.
“La oposición debe definir de qué lado está: si está del lado de las familias que quieren vivir tranquilas y de los funcionarios que arriesgan su vida combatiendo el delito, o si seguirá poniendo obstáculos a las herramientas que el Estado necesita. Se pueden discutir y perfeccionar las propuestas, pero la seguridad no puede seguir esperando”, afirmó.
Desde la UDI Araucanía señalaron que el proyecto deberá ser analizado y eventualmente perfeccionado durante su tramitación legislativa, aunque valoraron que el Gobierno haya definido la seguridad como una de sus prioridades legislativas.
Reforma también genera debate jurídico
La propuesta no ha estado exenta de cuestionamientos.
Especialistas constitucionales y representantes de la oposición han advertido que parte de los objetivos planteados por el Ejecutivo podrían encontrarse ya considerados en el ordenamiento vigente.
El artículo primero de la actual Constitución establece entre los deberes del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia. Por ello, algunos académicos han cuestionado cuál sería el efecto jurídico adicional de incorporar una nueva referencia expresa a la seguridad pública.
El debate parlamentario, por tanto, no estará centrado únicamente en la conveniencia política de fortalecer las herramientas contra el crimen organizado, sino también en el alcance jurídico concreto de las modificaciones propuestas.
Para La Araucanía, la discusión adquiere especial relevancia debido a que la seguridad pública, el crimen organizado y los hechos de violencia asociados a distintas causas han formado parte permanente de la agenda regional durante los últimos años.
La reforma inicia ahora su discusión política y legislativa, instancia en la que deberán definirse su contenido definitivo, los eventuales cambios al texto presentado por el Ejecutivo y los acuerdos necesarios para alcanzar los quórums constitucionales correspondientes.
