Chile oficializa el USB Tipo C como cargador universal para celulares y dispositivos electrónicos
El Gobierno publicó en el Diario Oficial el reglamento que implementa la Ley 21.695, estableciendo el USB Tipo C como estándar obligatorio de carga para una amplia gama de dispositivos electrónicos comercializados en Chile. La medida busca reducir residuos electrónicos y unificar sistemas de carga entre marcas.
El Gobierno de Chile publicó este miércoles 13 de mayo de 2026 el reglamento que detalla la implementación de la Ley 21.695, normativa que establece el USB Tipo C como estándar obligatorio de carga para distintos dispositivos electrónicos vendidos en el país. La medida fue oficializada a través del Diario Oficial, edición 44.448.
La regulación sigue la línea adoptada previamente por la Unión Europea, que desde 2024 comenzó a exigir el uso de un conector único para reducir residuos electrónicos y mejorar la interoperabilidad entre dispositivos de distintas marcas.
Con la entrada en vigencia del reglamento, el sistema USB Tipo C deberá ser utilizado en teléfonos celulares, tablets, cámaras digitales, audífonos, consolas portátiles, altavoces inalámbricos, lectores electrónicos, teclados, ratones, sistemas GPS portátiles y notebooks, entre otros equipos electrónicos.
La normativa también establece exigencias técnicas relacionadas con potencia de carga y funcionamiento del puerto, indicando que el conector deberá permanecer accesible y operativo en todo momento.
Otro de los puntos definidos en el reglamento es la obligación de fabricantes e importadores de informar de manera clara si el dispositivo incluye cargador o si este debe adquirirse por separado. El objetivo es que los consumidores cuenten con información transparente antes de realizar una compra.
La discusión sobre el denominado “cargador universal” se venía desarrollando hace varios años en Chile, principalmente por el aumento de residuos electrónicos generados por la existencia de distintos tipos de conectores y accesorios incompatibles entre marcas.
La publicación del reglamento marca el inicio formal de la implementación de la ley, aunque el proceso considera plazos de adaptación para fabricantes, importadores y comercializadores de tecnología.
