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Relaciones de pareja en municipalidades: cuándo pueden convertirse en conflictos de interés y qué establece la ley

La legislación chilena no prohíbe de manera general las relaciones sentimentales entre funcionarios municipales. Sin embargo, cuando existen vínculos jerárquicos, decisiones administrativas o intereses personales involucrados, pueden surgir incompatibilidades y eventuales infracciones al principio de probidad. Casos investigados en distintas comunas del país han puesto este asunto bajo la atención pública.

Las relaciones sentimentales entre autoridades y funcionarios municipales abren un debate sobre los límites entre la vida privada y las responsabilidades de quienes ejercen cargos públicos. Aunque mantener una relación de pareja dentro de una municipalidad no constituye por sí mismo una irregularidad, la legislación chilena establece normas destinadas a prevenir conflictos de interés y garantizar la imparcialidad de las decisiones administrativas.

El asunto adquiere especial relevancia cuando uno de los involucrados ocupa una posición jerárquica respecto del otro o participa en decisiones relacionadas con nombramientos, remuneraciones, evaluaciones, contrataciones o beneficios laborales.

En estas circunstancias, el problema no radica necesariamente en la existencia de una relación afectiva, sino en determinar si esta puede comprometer la independencia con que se ejercen las funciones públicas.

Casos que han generado controversia en Chile

La discusión no es nueva. En octubre de 2024, una investigación de CIPER Chile examinó nueve situaciones relacionadas con posibles irregularidades, favoritismo y vínculos personales en diez municipalidades del país.

Entre las comunas mencionadas figuraba Melipeuco, en La Araucanía. La investigación abordó contrataciones de personas vinculadas personalmente con la autoridad municipal de entonces, incluyendo a su pareja y familiares de esta.

El reportaje planteó interrogantes sobre las contrataciones y sus vínculos personales, aunque estos antecedentes no constituyen por sí solos una acreditación de infracciones administrativas.

Un caso particularmente relevante se registró en la Municipalidad de Navidad, en la Región de O’Higgins.

Según informó CIPER el 23 de octubre de 2024, una auditoría de la Contraloría Regional de O’Higgins concluyó que el entonces alcalde, Yanko Blumen, incumplió el principio de probidad administrativa al no abstenerse de firmar decretos relacionados con la contratación de quien, según los antecedentes consignados por el organismo fiscalizador, era su pareja.

La investigación señaló que la autoridad suscribió decretos durante 2021 y 2022, lo que motivó la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

El municipio, por su parte, sostuvo ante CIPER que la Contraloría no había objetado la legalidad de la contratación, sino la falta de abstención en los actos administrativos respectivos.

Este antecedente permite comprender una diferencia fundamental: una contratación puede plantear problemas de probidad por la intervención de determinada autoridad, incluso cuando el cuestionamiento no se refiere directamente a la legalidad del contrato.

Los casos citados corresponden a antecedentes publicados en 2024 y no implican afirmaciones sobre la situación administrativa actual de los involucrados.

¿Qué dice la legislación chilena sobre las relaciones entre funcionarios?

Para comprender las eventuales responsabilidades es necesario distinguir dos estatutos administrativos.

El primero corresponde a la Ley N.º 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el DFL N.º 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Su artículo 85 establece incompatibilidades relacionadas con el matrimonio y determinados vínculos de parentesco cuando se produce una relación jerárquica dentro de una misma institución.

Sin embargo, tratándose de funcionarios municipales, la normativa específica se encuentra en la Ley N.º 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

El artículo 83 de esta última ley establece que, dentro de una misma municipalidad, no podrán desempeñarse personas unidas por matrimonio, parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado, afinidad hasta el segundo grado o adopción, cuando exista una relación jerárquica entre ellas.

La disposición también señala que, si alguno de estos vínculos se produce entre funcionarios que ya mantienen una relación jerárquica, el subalterno deberá ser destinado a otra función donde esa dependencia no exista.

Por tanto, no basta la existencia de un matrimonio para configurar la incompatibilidad descrita: también debe concurrir la relación jerárquica prevista en la disposición.

¿Qué sucede si los funcionarios son pareja, pero no están casados?

Este es uno de los aspectos más importantes de la legislación.

El artículo 83 de la Ley N.º 18.883 y el artículo 85 del Estatuto Administrativo general no establecen una incompatibilidad automática por mantener una relación sentimental sin matrimonio.

No obstante, ello no significa que las autoridades o funcionarios puedan participar libremente en cualquier decisión administrativa que involucre a su pareja.

El artículo 62, número 6, de la Ley N.º 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, considera contrario al principio de probidad intervenir en asuntos donde existan determinados intereses personales o participar en decisiones cuando concurra cualquier circunstancia que reste imparcialidad.

Esta disposición obliga a las autoridades y funcionarios a abstenerse de intervenir y comunicar la implicancia a su superior jerárquico.

Asimismo, el artículo 12 de la Ley N.º 19.880 establece causales de abstención en los procedimientos administrativos, incluyendo la existencia de interés personal y determinadas circunstancias que puedan comprometer la objetividad de quienes intervienen.

Por su parte, la Ley N.º 20.880 reconoce que los conflictos de interés pueden comprender intereses particulares de carácter económico o no económico.

En consecuencia, una relación sentimental puede adquirir relevancia administrativa cuando sus circunstancias afectan la imparcialidad exigida para una decisión pública, aunque no exista matrimonio entre los involucrados.

Alcaldes, administradores municipales y directores: una responsabilidad mayor

La situación merece especial atención cuando las relaciones personales involucran a autoridades y funcionarios con facultades directivas.

En las municipalidades, estas responsabilidades pueden comprender la organización de equipos, la administración de recursos, la evaluación del personal y la participación en procedimientos administrativos.

Un ejemplo es la relación institucional entre el alcalde y el administrador municipal, cargo que la Ley N.º 18.695 define como colaborador directo de la máxima autoridad comunal.

En un escenario donde dos personas mantengan una relación sentimental y, simultáneamente, participen en decisiones que puedan afectar sus intereses particulares, resulta necesario examinar las facultades ejercidas y la eventual existencia de causales de abstención.

No se trata de presumir una irregularidad por el vínculo afectivo, sino de verificar si las decisiones se adoptaron conforme a los principios de imparcialidad, transparencia y probidad.

También es importante considerar que el alcalde posee un régimen jurídico particular. El artículo 1 de la Ley N.º 18.883 establece que a los alcaldes les resultan aplicables las normas de ese estatuto relativas a deberes, derechos y responsabilidad administrativa, por lo que no corresponde extender automáticamente todas las incompatibilidades estatutarias a su cargo.

Un pronunciamiento sobre relaciones jerárquicas en el ámbito municipal

La aplicación de estas restricciones también ha sido abordada por organismos públicos.

El 27 de diciembre de 2024, la Dirección del Trabajo emitió el Ordinario N.º 905/40, relacionado con la incompatibilidad por matrimonio dentro de una corporación municipal.

El pronunciamiento examinó una situación en que una funcionaria asumiría como directora de un Centro de Salud Familiar (CESFAM), mientras su cónyuge se desempeñaba como funcionario del mismo establecimiento.

La Dirección del Trabajo concluyó que, en las circunstancias examinadas, resultaba aplicable la incompatibilidad del artículo 83 de la Ley N.º 18.883 al personal de corporaciones municipales.

Este criterio reafirma la importancia de examinar las relaciones jerárquicas y los vínculos establecidos expresamente por la normativa, considerando el régimen jurídico aplicable a cada institución.

¿Qué sanciones pueden enfrentar quienes vulneren la probidad?

Las consecuencias dependen de la naturaleza de la infracción, la calidad jurídica del involucrado y los hechos acreditados.

Para los funcionarios sujetos al Estatuto Administrativo Municipal, el artículo 120 de la Ley N.º 18.883 contempla sanciones de censura, multa, suspensión del empleo y destitución.

La medida que corresponda debe determinarse considerando la gravedad de la falta y las circunstancias establecidas mediante el procedimiento respectivo.

En el caso de los alcaldes, el artículo 60 de la Ley N.º 18.695 contempla la remoción por contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, mediante un procedimiento ante el Tribunal Electoral Regional competente.

Sin embargo, ninguna de estas consecuencias se aplica automáticamente por mantener una relación sentimental dentro del municipio.

Para establecer responsabilidad es indispensable acreditar el incumplimiento de una obligación legal, considerando las competencias ejercidas, los antecedentes del caso y las garantías del debido proceso.

Transparencia y confianza pública en las municipalidades

El debate tiene particular importancia en las comunas donde las decisiones de los equipos directivos repercuten directamente en la administración de recursos y servicios destinados a la comunidad.

En La Araucanía, como en el resto del país, las municipalidades administran presupuestos públicos, ejecutan programas y adoptan decisiones que deben responder al interés general.

Por ello, la ciudadanía tiene derecho a conocer los procedimientos mediante los cuales se realizan contrataciones, se asignan responsabilidades y se administran los recursos municipales.

El respeto a la vida privada de las autoridades y funcionarios debe coexistir con la obligación de garantizar decisiones transparentes e imparciales.

Una relación sentimental no constituye, por sí misma, una falta a la probidad. Pero cuando los intereses personales pueden interferir en el ejercicio de una función pública, la legislación establece mecanismos destinados a prevenir esas situaciones y determinar responsabilidades.

La cuestión central no es con quién mantiene una relación una autoridad o funcionario, sino si sus decisiones responden exclusivamente al interés público y respetan las obligaciones que impone la ley.


Fuentes y referencias

Legislación oficial — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

  1. Ley N.º 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Artículos 1, 83 y 120.
  2. DFL N.º 29, de 2004, texto refundido de la Ley N.º 18.834. Artículo 85.
  3. Ley N.º 18.575, Bases Generales de la Administración del Estado. Artículo 62, número 6, del texto refundido.
  4. Ley N.º 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos. Artículos 11 y 12.
  5. Ley N.º 20.880, Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Intereses. Artículo 1.
  6. Ley N.º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Artículos 30 y 60.

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