Senado aprueba las Reglas de Uso de la Fuerza: qué son, qué buscan y cuándo se podrá utilizar armamento letal
El proyecto establece por ley los criterios bajo los cuales Carabineros, la PDI y, en determinadas circunstancias, las Fuerzas Armadas podrán recurrir al uso de la fuerza. La iniciativa fija distintos niveles de intervención, desde la persuasión verbal hasta el empleo de armamento potencialmente letal.
El Senado aprobó este miércoles 7 de octubre el informe de la Comisión Mixta del proyecto que establece las denominadas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), una normativa destinada a fijar un marco legal para la actuación de las policías y de las Fuerzas Armadas cuando deban recurrir a la fuerza en el cumplimiento de determinadas funciones.
La propuesta obtuvo 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención. La Cámara de Diputadas y Diputados había aprobado previamente el informe de la Comisión Mixta, por lo que el proyecto terminó su tramitación en el Congreso y quedó en condiciones de ser promulgado como ley.
¿Qué son las Reglas de Uso de la Fuerza?
Las RUF establecen las condiciones y procedimientos que deben seguir los funcionarios policiales y militares antes, durante y después de utilizar la fuerza.
Su objetivo central es que el uso de la fuerza estatal no dependa únicamente de protocolos administrativos, sino que exista un marco establecido por ley, con obligaciones tanto para los funcionarios como con respecto a las personas afectadas por una intervención.
La normativa considera principios y deberes relacionados con la legalidad, necesidad, responsabilidad, racionalidad, planificación, identificación, advertencia, gradualidad, protección de terceros, prestación de auxilio, registro y reporte de los procedimientos.
Desde el diálogo hasta la fuerza letal
Uno de los principales elementos del proyecto es que establece una escala de intervención según el nivel de resistencia o amenaza existente.
La primera etapa considera el despliegue policial o militar de manera disuasiva. Luego contempla el diálogo, la mediación, negociación y persuasión verbal.
Si esas medidas resultan insuficientes, se permite avanzar hacia elementos menos letales, entre ellos gas pimienta, gases lacrimógenos, agua, bastones y otros dispositivos.
También se regula el control físico para reducir e inmovilizar a una persona. Una vez reducida, inmovilizada y sin resistencia, la normativa prohíbe continuar ejerciendo fuerza en su contra.
¿Cuándo se podría utilizar un arma de fuego?
Uno de los puntos más relevantes y debatidos corresponde al uso de fuerza potencialmente letal.
El texto aprobado establece que esta deberá utilizarse cuando los niveles anteriores resulten insuficientes y se den las circunstancias contempladas en la legislación.
La regla número ocho autoriza el empleo de armamento letal frente a personas que estén utilizando o se dispongan a utilizar armas letales u otros medios capaces de poner en peligro la vida o provocar lesiones graves al personal policial, militar o a terceros.
También podrá utilizarse frente a una persona que, después de ser expresamente requerida por funcionarios policiales o militares, se niegue a desprenderse de un arma.
La normativa contempla además situaciones relacionadas con ataques contra infraestructura crítica o recintos militares, particularmente cuando la pérdida de su control pueda generar riesgo para la vida o integridad de las personas o comprometer la seguridad militar o nacional.
Ocho niveles para el uso de la fuerza
La normativa aprobada establece ocho reglas principales:
- Presencia y despliegue disuasivo de funcionarios y medios institucionales.
- Comunicación, diálogo, mediación y persuasión verbal.
- Empleo manual de elementos disuasivos o menos letales.
- Uso de dispositivos que disparen proyectiles menos letales.
- Control físico, reducción, inmovilización y uso de esposas.
- Uso de munición de salva por personal militar con fines disuasivos.
- Uso de escopetas con munición antidisturbios frente a determinados peligros graves.
- Utilización de armamento letal en las circunstancias establecidas por la ley.
¿Qué busca cambiar esta legislación?
Hasta ahora buena parte de las reglas sobre utilización de la fuerza se encontraba establecida mediante protocolos y normas administrativas.
La nueva legislación busca entregar certeza jurídica tanto a quienes deben intervenir como a la ciudadanía, determinando legalmente los límites dentro de los cuales el Estado puede ejercer la fuerza.
En términos prácticos, establece qué puede hacer un funcionario frente a una persona que coopera, ofrece resistencia pasiva, resistencia activa, realiza una agresión o representa una amenaza potencialmente letal.
Una discusión que generó diferencias en el Senado
La aprobación no estuvo exenta de controversia.
Durante el debate surgieron diferencias respecto del principio de proporcionalidad, el uso de armamento letal, la responsabilidad penal de los funcionarios y la protección específica de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el Senado, la Comisión Mixta eliminó del texto una disposición específica relativa a la protección de menores, argumentando que esa protección se encuentra contemplada en otras normas. También hubo parlamentarios que cuestionaron la amplitud de algunas de las circunstancias en que podría utilizarse fuerza letal.
Otros legisladores defendieron la iniciativa argumentando que entrega mayor certeza jurídica a policías y militares y eleva por primera vez estas reglas a rango legal.
¿Qué ocurre ahora?
Con la aprobación de ambas cámaras, el proyecto terminó su tramitación en el Congreso Nacional.
El texto quedó en condiciones de continuar hacia su promulgación y publicación como ley, tras una discusión legislativa que se extendió durante aproximadamente tres años.
Para la ciudadanía, la relevancia de las RUF está precisamente en que determinarán legalmente cuándo la fuerza pública puede intervenir, qué nivel de fuerza puede utilizar y cuáles son los límites que deben respetarse durante un procedimiento.
