Diputado Becker califica emboscada mortal en Victoria como “terrorismo duro y puro”: análisis crítico y perspectivas
El lunes 26 de agosto de 2025, sigue generando reacciones el ataque armado ocurrido en Victoria, Región de La Araucanía, que terminó con un guardia forestal muerto y otro gravemente herido. La emboscada, perpetrada con armas de alto calibre contra trabajadores de la empresa CMPC, ha sido calificada por el diputado Miguel Ángel Becker (RN) como “terrorismo duro y puro”. El gobierno presentó una querella por asociación criminal con homicidio calificado y evalúa invocar la Ley Antiterrorista.
Becker, conocido por promover el uso de esta ley en la Macrozona Sur, insistió en que hechos como este buscan provocar miedo y alterar el orden público, por lo que ameritan una respuesta firme del Estado. En meses anteriores, ha impulsado otras querellas bajo la misma figura legal en casos de ataques a infraestructura o personal vinculado al sector forestal.
No obstante, la aplicación de la Ley Antiterrorista sigue generando controversia. A pesar de su reforma en enero de este año, aún existen reparos respecto al respeto del debido proceso y el impacto que puede tener en comunidades indígenas. Históricamente, esta ley ha sido criticada por su uso político y su efecto discriminatorio.
El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) también se refirió al caso, cuestionando el rol de las Fuerzas Armadas en la zona. Si bien no descartó que el hecho pueda constituir terrorismo, enfatizó que el foco debe estar en exigir resultados a todas las instituciones responsables de la seguridad, más allá de endurecer leyes.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, explicó que hay elementos suficientes para sostener la hipótesis de una asociación criminal, y que se evaluará cuidadosamente si los hechos cumplen con los requisitos para ser tipificados como terrorismo.
La víctima fatal, Manuel León, de 60 años, trabajaba en labores de vigilancia junto a su compañero César Osorio, quien permanece internado con heridas graves. Ambos estaban al servicio de una empresa subcontratista de CMPC. El ataque ha sido condenado por parlamentarios y autoridades locales, quienes coinciden en la urgencia de una respuesta estatal clara, aunque difieren en el enfoque legal.
Más allá del impacto judicial y político, este atentado vuelve a dejar en evidencia el clima de inseguridad que afecta a zonas rurales del sur. Para Loncoche y otras comunas de la región, el debate sobre cómo enfrentar esta violencia no es abstracto: incide directamente en la vida diaria de cientos de familias.
