Tricel admite requerimiento de remoción y Corte verá desafuero: Claudio Orrego en su peor momento político y judicial
El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) admitió a tramitación el requerimiento de remoción contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego (ex DC), lo que se suma a la solicitud de desafuero que será vista en octubre por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ambos procesos confluyen en el denominado caso ProCultura, que expone el estrecho vínculo de Orrego con su ahijado político, el psiquiatra Alberto Larraín, fundador de la cuestionada fundación.
Una doble amenaza: pérdida de fuero y destitución
El martes, el Tricel rechazó —con voto en contra del exdiputado DC Gabriel Ascencio— un recurso de reposición presentado por la defensa de Orrego y resolvió tramitar la petición de remoción interpuesta por consejeros de oposición. En la decisión votaron a favor los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo.
El proceso podría prolongarse un año y, de prosperar, significaría que Orrego sea destituido e inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos. En ese escenario asumiría el consejero regional Álvaro Bellolio (UDI).
En paralelo, la Corte de Apelaciones verá el 6 de octubre la solicitud de desafuero, que de aprobarse permitiría a la fiscalía formalizar al gobernador por tres delitos: fraude al fisco, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones.
Caso ProCultura: el nexo con Larraín
El denominador común es el traspaso de $1.690 millones al programa “Quédate”, ejecutado por ProCultura, fundación cofundada por Alberto Larraín y sin experiencia en salud mental comunitaria. El vínculo político entre ambos —forjado desde los tiempos de Orrego en Peñalolén— ha sido clave para que la fiscalía persiga un posible conflicto de interés y favorecimiento indebido.
Coaching y uso político de fondos
El requerimiento de remoción también incluye reparos de la Contraloría sobre $31 millones transferidos a la consultora Vera y Asociados S.A. en 2024 para un programa de “coaching”. El informe final detectó que las sesiones aludían directamente a la contingencia política y la campaña de reelección de Orrego, lo que se interpretó como un uso indebido de recursos públicos.
Caso Ajem: vínculos personales y probidad
Un tercer elemento es el convenio con Ajem Consultores, que recibió $109 millones sin acreditación de idoneidad. La jefa de presupuesto del Gore, Mayuri Reyes, cercana a Orrego desde 2005, aprobó la asignación pese a tener sociedades con el dueño de la empresa. Contraloría determinó que hubo una grave infracción al deber de probidad que compromete directamente al gobernador.
La defensa de Orrego
El gobernador insiste en su inocencia y acusa un aprovechamiento político. Sus abogados, Ciro Colombara y Aldo Díaz, afirman que los hechos “son falsos o han sido presentados maliciosamente como ilegales”. Sobre los reparos de Contraloría, Orrego presentó recursos de reconsideración y asegura que nunca se desviaron fondos hacia su campaña.
Un histórico en jaque
El exalcalde de Peñalolén y exprecandidato presidencial enfrenta hoy su mayor amenaza política. En cuestión no solo está su permanencia como gobernador metropolitano, sino también el estándar de probidad y transparencia en el uso de fondos públicos en una de las instituciones más relevantes del país.
