Mientras los transportistas escolares de Loncoche siguen esperando el pago por servicios prestados hace meses, el municipio se prepara para recibir los primeros aportes del Royalty Minero. No obstante, aunque estos fondos representan una inyección extraordinaria de recursos para las comunas, por ley no pueden utilizarse para pagar deudas municipales antiguas.
El Royalty Minero, establecido mediante la Ley N.º 21.591, fue creado con el objetivo de mejorar la justicia territorial y fortalecer la autonomía financiera de los municipios. Su uso está orientado a proyectos de inversión pública que mejoren la calidad de vida local. Entre sus fines permitidos se encuentran:
- Instalación de luminarias y cámaras de seguridad
- Mejoramiento de calles, plazas e infraestructura pública
- Obras de acceso a agua potable o electricidad
- Desarrollo de espacios comunitarios y servicios esenciales
Sin embargo, existe una restricción legal categórica:
“Los recursos del Royalty no se pueden usar para pagar deudas municipales”, señala expresamente la Ley de Presupuestos, y lo ha ratificado la Contraloría General de la República.
Esto incluye toda obligación contraída antes del 31 de diciembre de 2023, como es el caso de los furgones escolares aún impagos en Loncoche.
Control institucional y fiscalización
El uso de los fondos del Royalty está sujeto a un estricto régimen de transparencia institucional:
- La municipalidad debe incorporar los recursos al presupuesto mediante una modificación aprobada por el Concejo Municipal.
- Debe reportar trimestralmente a la Subdere sobre su uso y ejecución.
- La Subdere informa al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República, lo que asegura una fiscalización cruzada, pública y obligatoria sobre cada peso ejecutado.
Durante la última sesión del Concejo Municipal, el alcalde Alexis Pineda afirmó que “el Estado es un pésimo empleador”. Ante esa declaración.
“Bueno, parece que no sabe que él también lo es, y forma parte del Estado”.
La frase resume el sentir de una comunidad agotada por promesas incumplidas. Hay anuncios de nuevos recursos, pero no soluciones concretas para quienes siguen esperando lo justo por su trabajo.
Mayor transparencia exigida por ley
A raíz de estas situaciones, el Congreso discute actualmente el Proyecto de Ley N.º 16839-06, que busca modificar el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, incorporando la obligación de detallar en la cuenta pública el uso y destino de los fondos recibidos por concepto del Royalty Minero.
“No se trata solo de recibir recursos. Se trata de usarlos bien, de forma transparente, y de rendir cuentas claras a la ciudadanía”, señala el texto legislativo.
Mientras tanto, en Loncoche, los transportistas escolares siguen esperando. Y aunque el Royalty representa una oportunidad histórica para mejorar la infraestructura local, no puede ni debe ser visto como una solución a la mala gestión ni a la irresponsabilidad presupuestaria del pasado.
