La salida de Natalia Duco y una reflexión sobre el poder bajo la mirada de las cámaras
La renuncia de la ahora exministra del Deporte vuelve a poner sobre la mesa una realidad que las autoridades deben asumir: hoy prácticamente cada actuación pública puede quedar registrada. Pero, más allá de las cámaras, el verdadero estándar debe estar en la responsabilidad, la probidad y la forma en que se ejerce un cargo público.
La salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte deja una reflexión que va más allá de una persona y también de la función propia de una ministra.
El Gobierno confirmó que el Presidente José Antonio Kast aceptó las renuncias de Duco y del subsecretario del Deporte, Andrés Otero. La decisión se produjo luego de conocerse nuevos antecedentes sobre una actividad realizada el 23 de abril, jornada en que la entonces ministra utilizó un vehículo fiscal.
La respuesta entregada por la Subsecretaría del Deporte a la Contraloría señalaba que la autoridad se había trasladado a una reunión de trabajo. Posteriormente, la difusión de un registro audiovisual mostró una actividad de camaradería que incluía un asado y karaoke, generando cuestionamientos respecto de la explicación entregada sobre el uso del automóvil institucional.
El episodio abre una reflexión que va más allá de la función normal de una ministra.
Hace algunos años, buena parte de lo que ocurría alrededor de una autoridad podía pasar inadvertido para la ciudadanía. Hoy existen teléfonos celulares, cámaras, redes sociales y distintos registros capaces de transformar, en cuestión de minutos, una situación administrativa o una conducta de una autoridad en un asunto de conocimiento público.
Esta mayor exposición no debiera entenderse solamente como una amenaza para quienes ejercen cargos públicos. También puede constituir una herramienta de control ciudadano, especialmente cuando permite aportar antecedentes respecto del correcto uso de recursos que pertenecen a todos.
En este orden de ideas, en Loncoche conocemos de cerca lo que significa una controversia relacionada con el uso de un vehículo municipal.
El alcalde Alexis Pineda enfrentó un procedimiento luego de ser detenido el 29 de abril de 2022 mientras conducía una camioneta de la Municipalidad de Loncoche, en presunto estado de ebriedad.
Posteriormente, Contraloría desarrolló un procedimiento administrativo y en 2023 determinó una sanción de destitución, decisión que dio origen a distintas acciones judiciales posteriores.
Actualmente, Alexis Pineda continúa ejerciendo como alcalde de Loncoche.
Y es precisamente allí donde aparece una diferencia que merece reflexión.
En el caso de Natalia Duco, su salida del cargo se produjo luego de conocerse antecedentes que pusieron en cuestión la explicación entregada respecto del uso de un vehículo fiscal. Su renuncia significó, en los hechos, dar un paso al costado frente a una situación que generó cuestionamientos públicos.
En el caso de Loncoche, en cambio, pese a los procedimientos administrativos y judiciales derivados de los hechos ocurridos en 2022, Alexis Pineda continúa al frente del municipio.
No se trata de afirmar que ambos casos sean iguales. Cada situación tiene sus propios antecedentes, procedimientos y consecuencias.
Se trata de algo más amplio: del control que corresponde ejercer a la ciudadanía respecto de la idoneidad, probidad y responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.
Las cámaras, los registros y las redes sociales no solo sirven para observar cada movimiento de una gestión. También pueden ayudar a que hechos que antes permanecían fuera del conocimiento ciudadano sean conocidos, contrastados y, cuando corresponda, puestos a disposición de las instituciones encargadas de fiscalizar.
Una autoridad no debería comportarse correctamente únicamente porque puede estar siendo grabada o fiscalizada por la ciudadanía.
Debe actuar correctamente siempre.
Quien asume un ministerio, una subsecretaría, una alcaldía, una delegación o cualquier otra responsabilidad pública recibe atribuciones para cumplir una función determinada. Los vehículos, funcionarios, presupuestos y bienes del Estado no son beneficios personales: son herramientas financiadas con recursos públicos.
Por eso, mientras mayor sea la responsabilidad, mayor debe ser también el estándar.
La ciudadanía tiene derecho a observar, preguntar y exigir explicaciones. Y quienes ejercen cargos públicos deben comprender que administrar recursos del Estado también implica aceptar el escrutinio público y las consecuencias políticas que puedan derivarse de sus actuaciones.
Las cámaras pueden mostrar lo ocurrido.
Las instituciones deberán establecer las responsabilidades que correspondan.
Pero la probidad y la responsabilidad no deberían depender nunca de que exista una cámara mirando.
Deben estar presentes todos los días, especialmente cuando nadie está observando.
Gloria Sagua
Columna de opinión. Las opiniones expresadas corresponden exclusivamente a su autora y no representan necesariamente la línea editorial de Loncoche Informado.
