Destitución de 21 funcionarios en Loncoche reabre debate por cuestionamientos que también han alcanzado al alcalde
- La desvinculación de trabajadores municipales por viajes al extranjero con licencia médica fue presentada por la administración comunal como una señal de “mano firme”. Sin embargo, la decisión vuelve a poner en el centro del debate los cuestionamientos que en el pasado también han involucrado al propio alcalde Alexis Pineda.
La Municipalidad de Loncoche informó la destitución y no renovación de contratos de 21 funcionarios pertenecientes al Departamento de Educación Municipal (DAEM) y al Departamento de Salud Municipal (DSM), luego de detectarse que realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.
La medida fue adoptada tras conocerse un informe de la Contraloría General de la República que detectó 52 licencias médicas asociadas a funcionarios municipales, algunas de ellas utilizadas reiteradamente en distintos periodos. En el documento se identificó que al menos 16 funcionarios registraron salidas del país mientras se encontraban con reposo médico.
A partir de estos antecedentes, el alcalde de la comuna, Alexis Pineda, instruyó la apertura de sumarios administrativos para determinar responsabilidades. Tras el proceso disciplinario, se resolvió aplicar la sanción máxima contemplada en el estatuto administrativo, lo que derivó en la desvinculación de 21 funcionarios municipales.
Desde el municipio se argumentó que la decisión busca resguardar la probidad en el servicio público y enviar una señal clara respecto al uso indebido de licencias médicas, especialmente en áreas sensibles como educación y salud.
No obstante, la ofensiva comunicacional del municipio también ha generado cuestionamientos en el ámbito político local, ya que el propio alcalde Alexis Pineda ha enfrentado controversias administrativas en el pasado.
En 2023, la Contraloría General de la República resolvió sancionar al edil con la medida de destitución tras una investigación vinculada al uso de un vehículo fiscal y un episodio de conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, en 2024 la Corte Suprema dejó sin efecto dicha resolución al establecer que el organismo contralor no tenía competencia para remover a una autoridad electa, derivando los antecedentes al Tribunal Electoral Regional.
El caso generó un amplio debate jurídico sobre las facultades de Contraloría respecto de autoridades electas, y evidenció las tensiones institucionales que pueden surgir cuando se investigan eventuales responsabilidades administrativas de alcaldes.
En este contexto, algunos actores locales han planteado que el discurso de “mano firme” frente a funcionarios municipales contrasta con los cuestionamientos que han rodeado la gestión del propio alcalde durante los últimos años.
Mientras tanto, el municipio confirmó que existen otros casos en investigación relacionados con funcionarios que, estando con licencia médica, habrían ingresado a casinos de juego. Estos antecedentes también se encuentran bajo sumario administrativo y podrían derivar en nuevas sanciones.
La situación mantiene abierto el debate en Loncoche sobre los estándares de probidad en la administración pública y la forma en que se aplican las responsabilidades tanto a funcionarios como a autoridades comunales.
