CNE admite error en las tarifas eléctricas: millones de chilenos pagaron de más por duplicación del IPC
La Comisión Nacional de Energía (CNE) reconoció un error en la metodología de cálculo de las tarifas eléctricas que generó cobros indebidos en las cuentas de luz entre 2024 y 2025, afectando a millones de familias en todo el país. El problema se originó tras la actualización tarifaria posterior al descongelamiento de precios, cuando el ajuste por inflación (IPC) se aplicó dos veces, provocando una distorsión que elevó artificialmente los valores de consumo eléctrico durante años.
El informe técnico de la CNE confirmó que el doble cálculo —primero mediante la variación del IPC y luego a través de la tasa de interés corriente— influyó directamente en los decretos tarifarios. La situación habría comenzado a gestarse desde 2017, aunque su efecto más notorio se evidenció entre 2022 y 2024, generando sobreprecios y alzas injustificadas en las boletas de los consumidores.
De acuerdo con estimaciones de la propia CNE y medios especializados, la magnitud del sobreprecio supera los 115 millones de dólares, constituyendo uno de los errores regulatorios más graves de los últimos años. Las zonas más afectadas se concentran en Coquimbo, Los Ríos y parte de La Araucanía, donde el descongelamiento tarifario se ejecutó de manera más abrupta.
La corrección del cálculo implicará una reducción promedio del 2% en las cuentas de luz, aunque en algunos casos el ajuste podría llegar hasta un 9% a partir de enero de 2026. Antes de la entrada en vigor del nuevo decreto tarifario, el Ministerio de Energía deberá abrir un proceso de observaciones con las empresas eléctricas, lo que permitirá revisar los impactos por zona y determinar los mecanismos de devolución a los usuarios.
El caso ha generado repercusiones políticas inmediatas. La oposición anunció una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, acusándolo de negligencia y falta de fiscalización en los procesos de control técnico. Desde el Gobierno, en tanto, se sostiene que la falla corresponde a un error metodológico heredado de cálculos previos y que ya se iniciaron las gestiones para corregir las distorsiones.
Diversos expertos en regulación energética han advertido que el problema revela fallas estructurales en el sistema de fijación tarifaria, especialmente en la validación de los decretos antes de su publicación en el Diario Oficial. En algunos casos, los documentos fueron emitidos sin la revisión final de la Contraloría General de la República, debilitando los mecanismos de control público.
Tanto las organizaciones de consumidores como las autoridades sectoriales han solicitado reforzar la fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), habilitando canales de reclamo y reparación accesibles para los usuarios afectados. Paralelamente, se plantea la necesidad de reformar el proceso de fijación de tarifas y aumentar la transparencia de los organismos técnicos involucrados en la regulación energética nacional.
El episodio, descrito por la prensa internacional como “un error histórico”, expone la fragilidad institucional del sistema eléctrico chileno y reabre el debate sobre la independencia y la responsabilidad de los entes reguladores frente a decisiones que impactan directamente en el costo de vida de millones de personas.
