Alexis Pineda informó ante el Concejo Municipal que viajará durante la madrugada a Santiago junto a dirigentes del megaproyecto habitacional La Hacienda, utilizando tres buses de la municipalidad. El anuncio, vinculado a la posible entrega de 380 subsidios, plantea interrogantes sobre los costos del traslado, su necesidad y la fiscalización de los recursos públicos.
El alcalde de Loncoche, Alexis Pineda Ruiz, anunció durante una sesión del Concejo Municipal de este martes 17 de noviembre que trasladará a cerca de 100 dirigentes del megaproyecto habitacional La Hacienda hasta Santiago, utilizando tres buses de la municipalidad, para participar en una actividad relacionada con la eventual entrega de 380 subsidios habitacionales.
La decisión fue comunicada por el propio jefe comunal, quien explicó que deberá salir a medianoche para llegar a la capital durante la mañana del miércoles 18 de noviembre.
“Voy a llevar los tres buses de la municipalidad porque me voy con cien dirigentes”, señaló Pineda, según la transcripción de su intervención.
El alcalde explicó que había recibido una llamada del ministro de Vivienda, quien le habría comunicado que no podía trasladarse hasta Loncoche, pero que tenía buenas noticias respecto del proyecto habitacional.
Según lo informado, la delegación debería llegar alrededor de las 10:00 de la mañana a Santiago.
Aunque el anuncio representa una expectativa importante para las familias que esperan una solución habitacional, también abre una discusión que no debería quedar fuera del debate público: ¿cuánto le costará a la Municipalidad trasladar a un centenar de personas a Santiago para recibir una noticia que afecta directamente a Loncoche?
Tres buses municipales para un anuncio: ¿era necesario?
La utilización de tres vehículos municipales en un viaje interregional implica gastos de combustible, peajes, conductores, mantenimiento y otros costos operacionales.
Que los buses sean propiedad de la municipalidad no significa que su utilización no tenga costos para la comunidad.
En su intervención, el alcalde también señaló que el traslado sería de ida y regreso, y que él necesitaría volver a la comuna de inmediato.
Lo que todavía no se conoce públicamente es el presupuesto total destinado a esta actividad, los documentos que autorizan el desplazamiento y las razones por las cuales se determinó que era necesario movilizar a aproximadamente 100 dirigentes.
Tampoco está claro si se evaluaron otras alternativas, como realizar el anuncio directamente en Loncoche, organizar una conexión telemática con el ministerio o enviar una delegación más reducida.
La eventual entrega de subsidios puede justificar una actividad institucional. Sin embargo, eso no elimina la obligación de explicar por qué se eligió este mecanismo y cómo se financiará.
¿Una actividad institucional o un acto de exposición política?
La participación de dirigentes sociales en actividades relacionadas con proyectos habitacionales forma parte de la vida comunitaria y del trabajo de las organizaciones.
No obstante, cuando esa participación involucra vehículos, funcionarios y presupuesto municipal, las decisiones deben estar respaldadas por una finalidad pública clara.
En este caso, también merece atención la forma en que se habría extendido la convocatoria a quienes quisieran acompañar al alcalde.
¿Quién definió a los participantes? ¿Se estableció una nómina oficial? ¿Qué criterios se utilizaron para determinar quiénes viajarían? ¿Cuántos de ellos representan efectivamente a los comités habitacionales?
Son preguntas relevantes para establecer si el traslado responde a una actividad institucional formalmente organizada.
También cabe preguntarse si una ceremonia de estas características podría transformarse en una instancia de exposición política de las autoridades involucradas.
La sola existencia del viaje no permite afirmar que se estén utilizando recursos municipales para fines políticos particulares. Pero la legitimidad de la gestión habitacional tampoco impide examinar cómo se utilizan los bienes públicos para difundir sus resultados.
¿Qué dice la Contraloría sobre los buses municipales?
La Contraloría General de la República ha reiterado que los vehículos municipales deben utilizarse para el cumplimiento de fines institucionales.
En mayo de 2026, mediante el dictamen N.º OF95047N26, el organismo recordó este principio al pronunciarse sobre el uso de buses y otros bienes municipales para trasladar personas a actividades ajenas a la agenda institucional.
El pronunciamiento no determina que el viaje anunciado en Loncoche sea irregular. Para establecer aquello habría que conocer sus fundamentos administrativos, la finalidad específica de la actividad y las condiciones de utilización de los vehículos.
Sin embargo, constituye un antecedente relevante para exigir que la administración explique y documente el traslado.
El Concejo Municipal y su deber de fiscalizar
La discusión también alcanza al Concejo Municipal, organismo que tiene atribuciones legales para fiscalizar las actuaciones del alcalde y la ejecución del presupuesto comunal.
La información entregada en una sesión no reemplaza necesariamente los documentos administrativos que deben respaldar una decisión de gasto.
Corresponde conocer si los concejales solicitaron antecedentes sobre el traslado, su costo y las autorizaciones correspondientes.
La transcripción de la intervención del alcalde no permite establecer si posteriormente hubo preguntas u observaciones de los integrantes del Concejo.
Por ello, resulta necesario revisar el desarrollo completo de la sesión y determinar qué antecedentes fueron solicitados por los representantes comunales.
La fiscalización no supone oponerse a los proyectos habitacionales ni a sus beneficiarios. Su propósito es verificar que las decisiones municipales se adopten conforme a la normativa y en beneficio de la comunidad.
La Hacienda: 380 familias a la espera de una definición
El megaproyecto La Hacienda contempla 380 viviendas para familias de Loncoche que llevan años esperando avanzar hacia una solución habitacional.
El 5 de octubre, la Municipalidad informó el ingreso de la iniciativa al Banco de Proyectos del SERVIU.
Posteriormente, el 29 de octubre, el Ministerio de Vivienda emitió un Certificado de Calificación Condicionada, que permitió continuar su tramitación.
Durante su intervención en el Concejo, Pineda manifestó su expectativa de que en Santiago se concretara la entrega de los 380 subsidios.
Sin embargo, al momento de este anuncio todavía corresponde verificar el instrumento administrativo que formalizaría esa asignación y las condiciones asociadas.
La eventual obtención definitiva de los subsidios sería una noticia de enorme importancia para las familias y para el desarrollo habitacional de la comuna.
Precisamente por ello, la información debe ser transparente tanto respecto del beneficio como de las actividades públicas organizadas para comunicarlo.
Los recursos municipales pertenecen a toda la comunidad
La principal discusión no debería enfrentar a quienes apoyan el proyecto habitacional con quienes exigen explicaciones sobre el gasto municipal.
Ambas preocupaciones son legítimas y compatibles.
Las familias tienen derecho a recibir sus subsidios y celebrar los avances de un proyecto largamente esperado. Del mismo modo, los habitantes de Loncoche tienen derecho a conocer cuánto costará trasladar tres buses hasta Santiago, quién autorizó el viaje y por qué se consideró necesario.
La Municipalidad puede disponer de antecedentes que justifiquen plenamente el desplazamiento. Esos documentos deben ser conocidos y examinados antes de llegar a una conclusión sobre la utilización de los recursos.
Una buena noticia para 380 familias no debería dejar sin respuesta una pregunta básica: ¿era necesario movilizar a 100 dirigentes en tres buses municipales para anunciarla?

