El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió en defensa del exministro de Justicia Hernán Larraín luego de que el líder republicano Arturo Squella recordara sus antiguos vínculos con Colonia Dignidad. La controversia surgió por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y abrió una disputa entre partidos del oficialismo.
La controversia por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores sumó este sábado 24 de octubre un nuevo enfrentamiento político. El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, rechazó las declaraciones del senador y líder del Partido Republicano, Arturo Squella, contra el exministro de Justicia Hernán Larraín, luego de que este cuestionara los argumentos utilizados por el actual Gobierno para conceder los beneficios.
Ramírez calificó las palabras de Squella como “injuriosas e inaceptables” y defendió la actuación de Larraín durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
El dirigente gremialista sostuvo que el exministro había explicado las medidas adoptadas durante su administración para impedir que condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes pudieran acceder a rebajas de condena.
Además, llamó a los partidos que respaldan al presidente José Antonio Kast a actuar con responsabilidad y evitar enfrentamientos públicos que puedan afectar la relación entre las fuerzas oficialistas.
La referencia a Paul Schäfer que originó la controversia
La disputa comenzó después de que Hernán Larraín difundiera el viernes 23 de octubre una declaración pública sobre los 56 beneficios de reducción de condena concedidos durante la actual administración.
En ese documento, el exministro cuestionó la interpretación jurídica defendida por el actual titular de Justicia, Fernando Rabat, quien ha sostenido que los decretos responden a criterios establecidos por la Corte Suprema.
Larraín recordó que, durante su gestión, el gobierno de Sebastián Piñera impulsó una reforma para excluir de estos beneficios a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores.
La iniciativa fue promulgada en enero de 2022 como Ley N.º 21.421.
Tras conocer la declaración, Arturo Squella respondió a través de su cuenta en X con una alusión a Paul Schäfer, fundador de Colonia Dignidad y condenado por abusos sexuales contra menores.
El comentario reabrió el debate sobre la actuación de Larraín durante la década de 1990, cuando defendió públicamente aspectos del funcionamiento de Colonia Dignidad y cuestionó investigaciones realizadas contra el enclave.
Años después, el exsenador sostuvo que había sido engañado respecto de los delitos cometidos en ese lugar y afirmó que desconocía los crímenes de Schäfer.
La referencia del presidente republicano provocó críticas desde otros sectores del oficialismo.
Cruz-Coke también cuestionó al líder republicano
El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, fue otro de los dirigentes que reaccionó al mensaje de Squella.
A través de redes sociales, le reprochó la forma de abordar el desacuerdo y advirtió que los enfrentamientos públicos entre dirigentes de los partidos de Gobierno podrían terminar perjudicando al propio oficialismo.
Squella mantuvo posteriormente sus críticas y defendió su intervención, argumentando que consideraba necesario responder a quienes, según su interpretación, contribuían a cuestionar injustamente al actual ministro de Justicia.
Las diferencias entre los dirigentes quedaron así expuestas públicamente mientras el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por las decisiones adoptadas en materia penitenciaria.
La discusión de fondo: 56 rebajas de condena
El enfrentamiento político tiene su origen en los beneficios de reducción de condena concedidos a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores durante el gobierno de José Antonio Kast.
El ministro Fernando Rabat ha defendido los decretos señalando que se ajustan a la legislación vigente y a interpretaciones judiciales relacionadas con la aplicación de la reforma de 2022.
Sin embargo, Hernán Larraín sostiene que la Corte Suprema ha modificado recientemente su criterio y que existen fallos que permiten rechazar estos beneficios incluso cuando se trata de condenas anteriores a la modificación legal.
La diferencia jurídica resulta relevante porque la legislación aprobada durante el gobierno de Piñera buscó excluir del beneficio a quienes cometieron determinados delitos sexuales contra niños y adolescentes.
Desde la oposición, distintas bancadas han solicitado la salida del ministro Rabat y anunciado que evalúan una acusación constitucional por las decisiones adoptadas.
En medio de estas discrepancias, el Ejecutivo ha defendido la actuación del secretario de Estado y comprometido una revisión legislativa de la materia.
La controversia permanece abierta tanto por la discusión jurídica sobre las rebajas de condena como por las diferencias que han surgido entre los partidos oficialistas.
El debate también plantea una cuestión de interés público: cómo asegurar que las decisiones sobre beneficios penitenciarios respeten la legislación vigente y, al mismo tiempo, las medidas de protección establecidas para las víctimas de delitos sexuales contra menores.