El senador Fidel Espinoza anunció que estudiará una iniciativa legislativa para resguardar las atribuciones fiscalizadoras de los concejales, luego de que el alcalde Rodrigo Wainraihgt cuestionara las solicitudes de información del edil Sebastián Almonacid. La controversia abre un debate que podría involucrar a los municipios de todo Chile.
Una controversia por las facultades de fiscalización de los concejales de Puerto Montt alcanzó repercusión nacional. El senador Fidel Espinoza anunció este sábado 24 de octubre que estudiará una iniciativa legislativa frente a los alcances de un dictamen de la Contraloría Regional de Los Lagos, citado por el alcalde Rodrigo Wainraihgt para cuestionar los numerosos requerimientos de información presentados por el concejal Sebastián Almonacid.
El conflicto comenzó a adquirir mayor notoriedad después de que el jefe comunal asegurara que el edil estaría sobrepasando sus atribuciones fiscalizadoras y que sus constantes solicitudes generan una carga adicional de trabajo para distintas unidades municipales.
Según declaró Wainraihgt el pasado 19 de octubre, Almonacid presenta un promedio de dos requerimientos diarios, situación que, a su juicio, dificulta la labor de las direcciones municipales, que también deben atender las necesidades de la comunidad.
Las declaraciones provocaron una reacción del senador Espinoza, quien manifestó su preocupación por una interpretación que, según sostiene, podría limitar el trabajo de fiscalización de los concejales en todo el país.
Senador anuncia revisión legislativa
Espinoza cuestionó el criterio atribuido a Contraloría y anunció que comenzará a estudiar una propuesta legislativa destinada a resguardar las funciones fiscalizadoras de las autoridades comunales.
El parlamentario argumentó que los concejales cumplen una función que va más allá de participar en sesiones municipales, ya que también deben recoger las demandas ciudadanas, solicitar antecedentes y supervisar la administración de los recursos públicos.
En sus declaraciones, defendió el trabajo desarrollado por Sebastián Almonacid y consideró necesario examinar los efectos que podría tener el pronunciamiento del organismo contralor.
Por ahora, el anuncio corresponde al estudio de una eventual iniciativa. No se ha informado de un proyecto ingresado formalmente al Congreso.
El enfrentamiento tiene otros antecedentes
La controversia se produjo durante una semana de tensiones en el municipio de Puerto Montt.
El lunes 19 de octubre, el Concejo Municipal rechazó por cinco votos contra cuatro la solicitud de remoción del administrador municipal, Fernando Orellana, cuestionado por un presunto conflicto de interés relacionado con el concurso público en el que fue seleccionado Ignacio Ávila como director de Operaciones.
La denuncia fue impulsada por Almonacid, quien sostuvo que Orellana debió inhabilitarse del procedimiento debido a una anterior relación societaria con el funcionario seleccionado.
El alcalde respaldó a su administrador municipal y señaló que corresponde a Contraloría determinar las eventuales responsabilidades. También aseguró que acatará las decisiones que adopte el organismo fiscalizador.
Hasta ahora, la controversia sobre el concurso no cuenta con una resolución definitiva que acredite responsabilidades administrativas.
Es importante distinguir ambos asuntos: el dictamen citado para cuestionar las solicitudes del concejal y la revisión pendiente sobre la designación del director de Operaciones corresponden a materias diferentes.
¿Hasta dónde pueden fiscalizar los concejales?
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 79, reconoce facultades de fiscalización a los concejos municipales, incluyendo la posibilidad de solicitar antecedentes sobre materias de su competencia.
La legislación también permite que un concejal presente individualmente requerimientos de información, estableciendo procedimientos formales y obligaciones de respuesta por parte de la administración municipal.
El debate surgido en Puerto Montt plantea una pregunta relevante: ¿cómo compatibilizar el derecho de fiscalización con el funcionamiento regular de los servicios municipales?
Aunque el alcalde sostiene que el volumen de solicitudes perjudica el trabajo de las distintas direcciones, desde el sector que respalda al concejal se advierte que restringir injustificadamente estos requerimientos podría debilitar el control sobre las decisiones administrativas.
El alcance jurídico preciso del dictamen cuestionado requiere examinar su texto íntegro, que no ha podido ser contrastado directamente en esta revisión.
Un debate que también interesa a La Araucanía
Lo ocurrido en Puerto Montt resulta relevante para las 32 comunas de La Araucanía, donde los concejos municipales tienen atribuciones para fiscalizar el gasto público, examinar decisiones administrativas y solicitar información sobre la gestión de los municipios.
En comunas como Temuco, Villarrica, Pucón, Angol y Loncoche, estas herramientas permiten que los concejales revisen contratos, presupuestos, proyectos y otras actuaciones que involucran recursos municipales.
La discusión no significa que las facultades de los concejales de La Araucanía hayan cambiado. Sin embargo, una eventual modificación legal o una nueva interpretación administrativa podría tener consecuencias para los municipios del país.
Por ahora, la controversia deja abierta una cuestión de interés público: determinar cuáles son los límites legales del control municipal sin obstaculizar el funcionamiento de las instituciones ni restringir las atribuciones que la legislación entrega a los representantes elegidos por la ciudadanía.
