El proyecto eleva en 4,7% los recursos generales de Salud y concentra parte importante del crecimiento en la atención primaria. Sin embargo, contempla disminuciones para el Fondo de Tratamientos de Alto Costo y el Programa de Apoyo al Recién Nacido, dos ajustes que abren interrogantes sobre su impacto efectivo en pacientes y familias.
El proyecto de Presupuesto 2027 para Salud propone una redistribución importante de recursos: mientras la cartera dirigida por la ministra May Chomali aumenta su presupuesto general en 4,7%, la atención primaria aparece entre las principales áreas fortalecidas, al mismo tiempo que disminuyen partidas destinadas a la Ley Ricarte Soto y al denominado ajuar para recién nacidos.
La Dirección de Presupuestos mantiene publicada la documentación correspondiente al proyecto 2027 para el Ministerio de Salud, Fonasa, el Programa de Atención Primaria y otros organismos dependientes de la cartera. La propuesta todavía debe completar su tramitación en el Congreso, por lo que las cifras pueden experimentar modificaciones antes de transformarse en ley.
Atención primaria supera los $3,96 billones
Uno de los principales cambios se encuentra en la Atención Primaria de Salud (APS).
El programa pasa desde aproximadamente $3.595.710 millones en 2026 a $3.960.097 millones en 2027. La diferencia nominal alcanza cerca de $364.387 millones adicionales, equivalente a un incremento real informado de aproximadamente 6,8%.
Estos recursos son especialmente relevantes porque financian, entre otros componentes, el sistema mediante el cual el Estado entrega recursos a los municipios de acuerdo con la población inscrita y validada en sus establecimientos de salud.
Durante 2026, el propio Ministerio de Salud había reconocido la presión existente sobre este financiamiento. Tras la actualización aprobada en septiembre, el per cápita basal quedó en $12.257 mensuales por persona inscrita para el período junio-diciembre de 2026. El Minsal señaló entonces que el fortalecimiento estructural del financiamiento de la atención primaria formaba parte precisamente de la discusión presupuestaria para 2027.
El proyecto además aumenta de manera considerable los recursos para contingencias dentro de APS: pasan desde aproximadamente $97.798 millones a $241.067 millones. Sin embargo, parte de este aumento responde a una redistribución interna, debido a que paralelamente disminuyen fondos de contingencia vinculados al financiamiento hospitalario mediante Grupos Relacionados por Diagnóstico (GRD).
Por ello, el aumento no debe interpretarse íntegramente como dinero nuevo incorporado al sistema, sino también como un cambio en la forma en que se distribuyen determinadas provisiones presupuestarias.
Ley Ricarte Soto baja en más de $22 mil millones nominales
El punto de mayor controversia se encuentra en el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, mecanismo asociado a la Ley N.º 20.850, conocida como Ley Ricarte Soto.
La propuesta reduce su presupuesto desde aproximadamente $189.696 millones en 2026 a $166.951 millones en 2027. La diferencia nominal alcanza $22.745 millones. Al incorporar el efecto inflacionario utilizado para las comparaciones presupuestarias, la caída llega a aproximadamente 14,6% real, equivalente a cerca de $28 mil millones en moneda comparable.
La Ley Ricarte Soto creó un sistema de protección financiera destinado a cubrir diagnósticos y tratamientos de alto costo. Los recursos del fondo tienen una destinación específica establecida legalmente.
La disminución generó cuestionamientos en el Congreso, principalmente respecto de si el menor presupuesto será suficiente para financiar la demanda durante 2027.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, se ha descartado que la modificación presupuestaria signifique eliminar las garantías vigentes.
La ministra May Chomali aseguró que quienes padezcan una patología actualmente cubierta y tengan indicación para recibir un medicamento continuarán recibiéndolo, señalando que el ajuste presupuestario no debería traducirse en la interrupción de tratamientos.
El Ministerio también ha sostenido que, si durante la ejecución presupuestaria los recursos resultan insuficientes, deberán incorporarse fondos adicionales para cumplir las obligaciones derivadas de la ley.
Ese punto será uno de los aspectos centrales que deberá observar el Congreso: la discusión no solo involucra cuánto dinero aparece inicialmente en la partida, sino si ese monto será suficiente para cubrir durante todo el año a los pacientes actuales y a quienes ingresen posteriormente bajo enfermedades ya garantizadas.
El ajuar se mantiene, pero con menos recursos
Otra disminución se produce en el Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN), conocido popularmente como el ajuar que reciben las familias cuando un niño o niña nace en un hospital público.
El presupuesto oficial de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para 2026 registra $17.679.947.000 destinados al programa.
Para 2027 se proyecta una disminución cercana a $1.394 millones, dejando la partida en torno a $16.286 millones, aproximadamente. En términos reales, la reducción se sitúa alrededor del 10,7%. La baja de $1.394 millones también fue identificada al comparar las partidas presupuestarias por CIPER.
El Gobierno ha argumentado previamente que la reducción responde, entre otros factores, a la caída de la natalidad y a la existencia de stock disponible, descartando que el beneficio deje de entregarse. El Ejecutivo ya había asegurado durante ajustes realizados este año que los recién nacidos que cumplan los requisitos continuarían recibiendo el ajuar.
Por lo tanto, hasta ahora no existe anuncio de eliminación del beneficio. La discusión está en determinar si la reducción presupuestaria se corresponde efectivamente con la disminución de nacimientos y con los inventarios disponibles, sin deteriorar su cobertura.
¿Qué cambia para las familias?
Para los usuarios del sistema público, los tres movimientos presupuestarios tienen consecuencias distintas.
El fortalecimiento de la APS podría traducirse en mayor capacidad para financiar consultas, medicamentos, controles preventivos, atención de enfermedades crónicas y prestaciones entregadas desde consultorios, CESFAM y otros establecimientos de atención primaria. El Minsal ha señalado expresamente que uno de los objetivos para 2027 será fortalecer este nivel asistencial y mejorar su capacidad resolutiva.
En la Ley Ricarte Soto, en cambio, existe una reducción presupuestaria cuantificable. La garantía legal permanece y el Gobierno asegura que los tratamientos continuarán financiándose, pero el verdadero efecto solo podrá evaluarse observando durante 2027 la cantidad de pacientes, el costo de los medicamentos y la eventual necesidad de suplementar el fondo.
En el ajuar sucede algo similar: el programa continúa vigente, pero contará con menos recursos. La justificación oficial es que existen menos nacimientos y disponibilidad de productos, por lo que la reducción no debería disminuir la cobertura.
¿Qué significa para Loncoche y La Araucanía?
Para comunas como Loncoche, el componente más relevante es el fortalecimiento de la atención primaria, debido a que una parte sustancial de la salud comunal depende precisamente de transferencias estatales vinculadas a la población inscrita en el sistema municipal.
Eso no significa, sin embargo, que los $364 mil millones adicionales para APS puedan atribuirse directamente a los municipios en partes iguales.
El sistema considera población inscrita validada y otros factores que modifican el aporte estatal. Por ello, todavía no corresponde afirmar cuánto dinero adicional recibirá específicamente Loncoche en 2027 mientras no se conozcan las transferencias y distribución definitiva para cada comuna.
La discusión presupuestaria será especialmente relevante para comunas regionales y rurales, donde la atención primaria constituye la principal puerta de entrada al sistema público y donde gran parte de las patologías que requieren atención especializada terminan siendo derivadas hacia establecimientos de mayor complejidad.
El proyecto, por tanto, presenta dos caras: más recursos globales y un fortalecimiento explícito de la atención primaria, pero también disminuciones concretas en programas sensibles para pacientes con enfermedades de alto costo y familias con recién nacidos.
El desafío durante la tramitación será determinar si esas rebajas corresponden únicamente a ajustes técnicos y de demanda, como sostiene el Ejecutivo, o si será necesario reponer recursos para garantizar que las prestaciones comprometidas puedan financiarse durante todo 2027.