Irina Karamanos rechazó que los cambios realizados en 2022 a la estructura vinculada a la Primera Dama hayan provocado la crisis financiera de Prodemu. La respuesta llegó luego que la ministra de la Mujer, Judith Marín, relacionara la situación de la fundación con decisiones adoptadas durante la administración anterior y calificara el daño financiero como “irremontable”.
La crisis de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) abrió este martes una controversia entre la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, e Irina Karamanos, excoordinadora sociocultural de la Presidencia durante el gobierno de Gabriel Boric.
Karamanos salió a responder públicamente después que Marín vinculara la compleja situación financiera que enfrenta la fundación con las modificaciones institucionales realizadas en 2022, cuando se puso término a la tradicional estructura asociada a la Primera Dama.
La excoordinadora sociocultural rechazó esa relación y sostuvo que los cambios efectuados durante su gestión no modificaron el mecanismo mediante el cual Prodemu recibía financiamiento desde organismos como Indap y Sernameg.
Según Karamanos, esos recursos ya provenían desde años anteriores de la Ley de Presupuestos y continuaron bajo la misma modalidad tras el cambio institucional. En su respuesta señaló que el financiamiento “no cambió cuando traspasamos el nombramiento de la presidencia de la fundación al Ministerio de la Mujer”.
Karamanos fue más allá y cuestionó directamente las declaraciones de la ministra, afirmando que se trata de materias distintas y llamando a revisar los estatutos antes de entregar “cuñas falsas”.
Marín responsabiliza a decisiones de la administración anterior
Horas antes, Judith Marín había entregado una dura evaluación sobre la situación de Prodemu.
La ministra sostuvo que el problema comenzó después de que en 2022 se eliminara la estructura asociada al gabinete de la Primera Dama y las fundaciones fueran vinculadas directamente con distintos ministerios.
Según Marín, ese proceso se realizó sin un análisis previo suficiente y desde entonces Prodemu comenzó a registrar problemas presupuestarios.
La secretaria de Estado cifró actualmente la deuda de la fundación en cerca de $3.000 millones y mencionó entre sus causas saldos rechazados, convenios mal ejecutados, obligaciones sindicales y una estructura de gastos que destinaría cerca del 80% de los recursos al pago de remuneraciones y arriendos.
Marín aseguró además que se intentaron implementar medidas para revertir la situación financiera, pero sostuvo que finalmente “el daño que se hizo es irremontable”.
Prodemu podría dejar de recibir financiamiento estatal
La controversia surge después que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contemplara recursos operacionales para Prodemu hasta el 31 de marzo de 2027.
Después de esa fecha cesaría el financiamiento estatal contemplado actualmente para su funcionamiento, aunque la propia ministra Marín aclaró que la Ley de Presupuestos no puede jurídicamente cerrar una fundación privada.
La decisión sobre una eventual disolución corresponde al directorio de Prodemu, que también podría buscar otras fuentes de financiamiento, incluyendo aportes privados, gobiernos regionales o donaciones.
El Gobierno contempla además recursos para abordar obligaciones pendientes y eventuales finiquitos, mientras parte de los fondos destinados a programas de autonomía económica serían canalizados hacia otros organismos especializados.
Dos versiones sobre el origen de la crisis
El punto central de la controversia está ahora claramente establecido.
La ministra Marín sostiene que la reorganización institucional realizada durante la administración anterior fue una mala decisión y que contribuyó al deterioro financiero de Prodemu.
Karamanos, en cambio, sostiene que aquella modificación se relacionó principalmente con la gobernanza de las fundaciones y el nombramiento de sus autoridades, pero que no modificó su sistema de financiamiento.
Documentos oficiales de Presidencia confirman que a fines de 2022 se modificaron los estatutos de las fundaciones asociadas a la Coordinación Sociocultural para vincularlas directamente con sus respectivos ministerios sectoriales y que la Coordinación Sociocultural cerró el 31 de diciembre de ese año.
Posteriormente, en su Cuenta Pública de 2023, el entonces presidente Gabriel Boric destacó ese proceso y señaló expresamente que había sido liderado por Irina Karamanos.
Sin embargo, esos antecedentes por sí solos no permiten concluir que el cambio institucional sea la causa directa de la deuda actual de Prodemu.
Ese es precisamente el punto que ahora enfrenta las versiones de Marín y Karamanos: mientras la actual ministra vincula ambos hechos, la excoordinadora sociocultural sostiene que el mecanismo presupuestario de financiamiento permaneció sin cambios.
Mujeres Rurales y el impacto territorial
La discusión también tiene consecuencias para las beneficiarias de Prodemu, especialmente en regiones con una fuerte presencia rural como La Araucanía.
Marín informó que se trabaja con el Ministerio de Agricultura para realizar un traspaso regional del programa Mujeres Rurales con el objetivo de que sus participantes puedan continuar sus procesos.
Por ahora, permanece abierta una pregunta relevante: determinar qué ocurrió financieramente dentro de Prodemu durante los últimos años y cuánto del déficit puede atribuirse efectivamente al cambio institucional de 2022, a la ejecución de convenios, a sus gastos administrativos o a otros factores.
La controversia entre Marín y Karamanos instala justamente esa discusión mientras el Congreso inicia el análisis del Presupuesto 2027 y se define el futuro de una institución que durante décadas ha desarrollado programas dirigidos a mujeres en todo Chile.