Chile dejó de ser observador y se incorporó oficialmente a la iniciativa encabezada por Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado. Mientras el Gobierno asegura que no existe cesión de soberanía ni autorización para operaciones militares extranjeras, una declaración difundida tras la incorporación incluye materias económicas, diplomáticas y referencias al TIAR que ampliaron el debate político en el país.
Chile formalizó este martes 22 de septiembre su adhesión al denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y orientada oficialmente a coordinar a distintos países del continente frente al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.
La incorporación fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que definió al mecanismo como un “marco de coordinación voluntaria” y destacó entre sus beneficios el intercambio de información contra organizaciones criminales, sistemas de análisis de datos, capacitación para Carabineros y la Policía de Investigaciones y una mayor coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú.
Sin embargo, la decisión abrió inmediatamente un debate político debido a que los antecedentes conocidos posteriormente muestran que el Escudo de las Américas puede abarcar materias que van más allá del trabajo policial.
Kast: “Aquí no hay un tratado”
El Presidente José Antonio Kast buscó despejar las principales dudas tras anunciarse la adhesión.
El mandatario sostuvo que Chile forma parte de una coordinación entre países y aseguró que el ingreso no significa suscribir un tratado ni autorizar operaciones militares extranjeras en territorio chileno.
Según la explicación entregada por el Ejecutivo, el foco chileno estará puesto en información, inteligencia, seguimiento de organizaciones criminales y coordinación entre instituciones.
Cancillería también estableció expresamente que cada Estado participante debe actuar respetando sus propias obligaciones legales nacionales e internacionales.
La declaración que amplió la discusión
La controversia aumentó este miércoles 23 de septiembre luego de conocerse nuevos antecedentes de la declaración del Escudo de las Américas.
Según información publicada por medios nacionales, el documento contempla no sólo seguridad, sino también coordinación económica, diplomática y multilateral, además de materias relacionadas con inversiones, infraestructura, cadenas de suministro y minerales críticos.
Uno de los aspectos que generó mayor discusión es la referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR.
La declaración contempla avanzar hacia una reunión de consulta en el marco de dicho tratado para analizar mecanismos de acción colectiva frente a organizaciones consideradas narcoterroristas.
Esto no significa automáticamente que Chile haya aprobado una intervención militar ni el ingreso de fuerzas extranjeras al país.
Sí demuestra, sin embargo, que el debate sobre el Escudo puede superar el simple intercambio de antecedentes policiales.
Defensa había hablado de Southcom
Existe además un antecedente previo que volvió a adquirir relevancia.
En agosto, el ministro de Defensa, Fernando Barros, explicó que Chile había sido invitado a participar en una iniciativa que consideraba acciones contra narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y otros delitos transnacionales.
En esa oportunidad señaló que, en su desarrollo general, el proyecto buscaba un “enfoque operativo bajo el Comando de Southcom”, además de relacionarse con la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.
El propio ministro sostuvo entonces que Chile tenía especial interés en el intercambio de información e inteligencia.
Posteriormente, ya durante la adhesión chilena, el Gobierno marcó una delimitación: para Chile, sostuvo el Ejecutivo, el mecanismo tendrá características de coordinación y no contempla operaciones militares.
Las dos declaraciones no necesariamente son incompatibles. Una se refiere al diseño internacional general de la iniciativa y la otra a las condiciones bajo las cuales Chile sostiene que participará.
El punto que permanece abierto es conocer con mayor detalle cuáles son exactamente los límites y compromisos que asumirá Chile dentro de este mecanismo.
El Congreso ya había pedido explicaciones
Las interrogantes no comenzaron con la adhesión.
El 18 de agosto, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados había acordado oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar antecedentes respecto del estatus de Chile frente al Escudo de las Américas.
En ese momento Chile todavía se mantenía como observador.
Poco más de un mes después, el Ejecutivo decidió incorporarse formalmente.
Oficialismo defiende la cooperación; oposición pide mayores explicaciones
La decisión generó posiciones contrapuestas en el Congreso.
Desde sectores que respaldan al Gobierno se ha argumentado que organizaciones como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación funcionan internacionalmente y que enfrentarlas requiere intercambio de inteligencia y coordinación entre Estados.
Desde sectores opositores, en cambio, las críticas se han concentrado principalmente en los alcances políticos y geopolíticos de la iniciativa.
El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, ha cuestionado que el Escudo pueda convertirse en una instancia de alineamiento con los intereses internacionales de Estados Unidos y ha planteado dudas respecto de sus eventuales efectos sobre la autonomía de la política exterior chilena.
Otros parlamentarios han pedido que Cancillería transparente completamente los compromisos adquiridos por Chile y precise eventuales componentes militares, económicos y diplomáticos.
¿Está Chile permitiendo tropas estadounidenses?
Hasta ahora, no existen antecedentes públicos que permitan afirmar que Chile haya autorizado tropas estadounidenses, bases militares o intervenciones extranjeras en territorio nacional como consecuencia de su incorporación al Escudo de las Américas.
El Presidente Kast lo ha descartado expresamente y Cancillería sostiene que cada país conserva sus obligaciones legales nacionales e internacionales.
Por esa razón, presentar actualmente el acuerdo como una autorización para operaciones militares estadounidenses en Chile no estaría respaldado por la documentación pública disponible.
Pero también sería incompleto reducir la iniciativa exclusivamente a un convenio para intercambiar datos policiales.
Los antecedentes difundidos hasta este miércoles muestran componentes de seguridad, política exterior, economía, inteligencia y coordinación multilateral, además de la discusión sobre el TIAR.
La pregunta que queda abierta
La controversia no está centrada únicamente en combatir o no al narcotráfico, objetivo sobre el cual existe amplio consenso político.
La discusión está en hasta dónde llega la alianza.
El Gobierno sostiene que Chile mantiene plenamente su soberanía y que su participación será fundamentalmente de coordinación contra el crimen organizado.
Los sectores críticos piden conocer con mayor precisión cuáles son los compromisos políticos, económicos, diplomáticos y eventualmente operativos asociados a la adhesión.
Por ahora, esa diferencia entre la explicación inicial del Ejecutivo y el contenido más amplio de los documentos conocidos posteriormente es uno de los principales elementos que mantiene abierto el debate sobre el Escudo de las Américas.
¿Por qué importa para La Araucanía?
Aunque la discusión se concentra principalmente en política exterior, la cooperación internacional contra el crimen organizado también puede tener consecuencias regionales.
El intercambio de inteligencia, el control fronterizo y la persecución del narcotráfico pueden involucrar directamente el trabajo de policías y organismos de seguridad en regiones como La Araucanía.
Por eso, más allá de la discusión política nacional, será relevante conocer qué herramientas concretas comenzarán a utilizar Carabineros y la PDI, qué información será compartida con otros Estados y qué controles institucionales existirán sobre esos mecanismos.