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Senado bajo la lupa: informe revela más de $700 millones mensuales en asesores y expone cómo operan los equipos de La Araucanía

Un estudio de la Fundación Nueva Mente, elaborado a partir de registros oficiales del Senado correspondientes al período marzo-mayo de 2026, revela que más de $700 millones mensuales se destinan, en promedio, al financiamiento de más de 400 asesores. El informe muestra además una fuerte presencia de funciones territoriales, administrativas y comunicacionales por sobre los cargos formalmente legislativos, y entrega antecedentes sobre los equipos de los senadores de La Araucanía, Francisco Huenchumilla y Miguel Ángel Becker.

Un nuevo informe sobre el uso de recursos públicos en el Congreso volvió a poner bajo escrutinio el costo de funcionamiento del Senado y, particularmente, la forma en que se estructuran los equipos de apoyo de sus 50 integrantes.

La investigación, titulada “Radiografía del gasto político en el Congreso: asesores de senadores y comités parlamentarios”, fue elaborada por la Fundación Nueva Mente a partir de información oficial publicada por el Senado y considera personal de apoyo, gastos asociados, comités parlamentarios y asesorías externas durante el trimestre marzo-mayo de 2026.

Uno de los principales antecedentes que expone el documento es que más de $700 millones mensuales, en promedio, son destinados a financiar a más de 400 asesores vinculados a los 50 senadores de la República.

Sin embargo, el debate no se limita a cuánto se gasta, sino también a qué funciones cumplen quienes integran esas dotaciones.

Casi tres funcionarios territoriales por cada cargo legislativo o jurídico

La revisión de las nóminas correspondientes a mayo de 2026 contabilizó 404 integrantes en los equipos senatoriales, equivalentes a un promedio de 8,1 personas por senador durante ese mes.

De ellos, 113 cumplían funciones territoriales o regionales, correspondientes al 28% del total. En contraste, solamente 37 personas aparecían identificadas expresamente en funciones legislativas. Al incorporar cargos jurídicos, la cifra sube a 41, equivalente al 10,1%.

En otras palabras, según el informe, por cada persona cuya función aparece expresamente definida como legislativa o jurídica existen aproximadamente 2,8 personas destinadas al trabajo territorial o regional.

La diferencia también se observa al analizar individualmente los equipos: 20 de los 50 senadores no registraban ningún cargo denominado expresamente como legislativo, mientras otros 25 tenían solamente uno. Esto significa que el 90% de los senadores tenía como máximo un asesor formalmente identificado bajo esa función.

Casi tantos choferes como asesores legislativos

Otro antecedente que destaca el estudio corresponde a la composición operativa de los equipos parlamentarios.

Durante mayo se identificaron 70 personas en labores administrativas o de secretaría, 54 vinculadas a prensa, comunicaciones, redes sociales o medios digitales y 33 personas con funciones de conductor o chofer.

La comparación resulta llamativa: existían 37 cargos expresamente legislativos y 33 personas con funciones de conducción.

Es decir, el número de conductores registrado en los equipos senatoriales era apenas inferior al número de asesores legislativos formalmente identificados en todo el Senado.

22 autoridades electas también integran equipos senatoriales

El informe detectó además la presencia de personas que ejercen simultáneamente cargos de elección popular y funciones de apoyo parlamentario.

En total, fueron identificadas 22 autoridades electas: 19 concejales y tres consejeros regionales, distribuidos en los equipos de 18 senadores.

Esto significa que el 36% de los senadores tenía al menos una autoridad municipal o regional electa dentro de su personal de apoyo.

Además, 15 de esas 22 autoridades, equivalentes al 68,2%, desarrollaban funciones territoriales o regionales dentro de los respectivos equipos.

El documento no califica estas contrataciones como ilegales, pero sí las incorpora como un elemento relevante para analizar cómo se distribuyen los recursos destinados a la función parlamentaria y cuánto peso tiene el despliegue territorial dentro de las estructuras senatoriales.

Más de $12,5 millones mensuales por senador en personal de apoyo

En materia financiera, el estudio calculó que el gasto promedio mensual en personal de apoyo alcanzó los $12.579.281 por senador durante el trimestre analizado.

Ese monto considera únicamente al personal contratado directamente por cada parlamentario y no incorpora inicialmente los equipos de apoyo de los comités parlamentarios.

La comparación con la Cámara de Diputados también es relevante: el gasto promedio mensual registrado en el Senado fue aproximadamente 50% superior al promedio por diputado.

Además, 24 de los 50 senadores registraron un gasto promedio superior a $13 millones mensuales en personal de apoyo.

Carlos Kuschel encabezó el gasto promedio

El ranking individual elaborado por el informe sitúa al senador Carlos Kuschel (RN) con el mayor gasto promedio mensual en personal de apoyo durante marzo, abril y mayo de 2026, con $16.121.598.

Le siguen Iván Flores (DC), con $15.715.948, y Fabiola Campillai, con $15.619.321.

El informe también demuestra que tener más asesores no necesariamente implica gastar más.

Yasna Provoste, por ejemplo, registró el mayor promedio de asesores, con 12, pero ocupó el lugar 37 en el ranking de gasto, con $11.243.683 mensuales.

¿Qué pasa con los senadores de La Araucanía?

El informe también entrega antecedentes que permiten observar cómo se estructuran los equipos de los senadores vinculados a La Araucanía.

En el caso de Francisco Huenchumilla (DC), el estudio señala que mantuvo ocho asesores durante marzo, abril y mayo de 2026, sin variaciones en su dotación durante el trimestre.

Sin embargo, uno de los antecedentes más llamativos aparece al analizar las remuneraciones dentro de su equipo. El informe señala que el funcionario registrado como “conductor y ayudante” recibe una remuneración superior a la del jefe de gabinete.

El propio estudio utiliza el caso de Huenchumilla como ejemplo de las diferencias existentes dentro de las estructuras salariales senatoriales, donde cargos de naturaleza distinta pueden recibir remuneraciones superiores a posiciones jerárquicamente más altas.

El documento no sostiene que esta situación constituya una irregularidad, pero sí deja abierta una pregunta relevante desde el punto de vista del uso de recursos públicos: qué funciones, responsabilidades y criterios explican estas diferencias de remuneración dentro de un equipo parlamentario.

En el caso de Miguel Ángel Becker (RN), el informe muestra una estructura distinta.

Becker aparece en el 10.º lugar del Senado por número promedio de asesores, pero en el 31.º puesto por gasto, lo que demuestra que una dotación numerosa no necesariamente se traduce en uno de los mayores niveles de desembolso.

Además, durante mayo, cinco de los diez integrantes de su equipo estaban destinados a funciones territoriales o regionales, equivalente al 50% de su dotación.

Otro antecedente diferenciador es que Becker figura entre los ocho senadores que no registraron gasto en asesorías externas durante marzo, abril y mayo de 2026.

En consecuencia, los antecedentes disponibles muestran dos estructuras diferentes entre los representantes regionales: Huenchumilla con una dotación estable de ocho asesores y una estructura salarial que el propio informe destaca por sus diferencias internas; y Becker con una presencia territorial relevante en su equipo, pero con una posición comparativamente menor en gasto.

El costo no termina en los asesores individuales

Los recursos destinados al funcionamiento senatorial tampoco terminan en los equipos contratados directamente por cada parlamentario.

Durante el trimestre analizado, los comités parlamentarios ejecutaron $215.298.623 en gastos de personal de apoyo, equivalentes a un promedio mensual de $71.766.208.

Al incorporar ese componente, el gasto promedio mensual en personal de apoyo aumenta desde $12.579.281 a $14.014.605 por senador.

A ello se agregan las asesorías externas.

El gasto promedio mensual por senador en este concepto llegó a $2.177.488, mientras 42 de los 50 parlamentarios registraron este tipo de contrataciones durante el período analizado.

Los comités parlamentarios también contrataron asesorías externas: durante marzo, abril y mayo registraron 80 asesorías por un gasto total de $137.003.034.

Más de $1.200 millones mensuales solamente en asignaciones base

De acuerdo con el informe, cada senador dispone de una Asignación Base Mensual de $24.076.095, distribuida entre personal de apoyo, gastos operacionales y asesorías externas.

Para el conjunto de los 50 senadores, esto representa $1.203.804.750 mensuales y más de $14.445 millones anuales, sin considerar asignaciones variables por circunscripción, recursos destinados a los comités parlamentarios ni otros conceptos adicionales.

El estudio agrega que, al sumar la dieta parlamentaria bruta y la asignación base, el costo mensual mínimo asociado a cada senador alcanza los $32.315.186, antes de incorporar otros recursos variables.

Una discusión que también debe darse en La Araucanía

Durante años, la discusión pública sobre el costo del Congreso ha estado concentrada principalmente en la dieta parlamentaria.

Sin embargo, los antecedentes del informe muestran que el costo real de un senador incluye una estructura mucho más amplia: asesores, personal territorial, comunicaciones, administrativos, conductores, comités parlamentarios y asesorías externas.

Para La Araucanía, la discusión adquiere una dimensión propia.

Los representantes regionales disponen de recursos públicos para desarrollar tanto su función legislativa como su presencia territorial. Por lo mismo, conocer cuántas personas integran sus equipos, qué labores desarrollan y cómo se distribuyen las remuneraciones constituye información de interés público.

La pregunta de fondo permanece abierta: ¿la estructura de asesores del Senado está principalmente diseñada para legislar o para sostener despliegue territorial, administrativo y político?

Las cifras contenidas en el informe no entregan una respuesta definitiva, pero sí aportan antecedentes suficientes para que ese debate se produzca también en La Araucanía.

La fuente principal de la nota es: Fundación Nueva Mente (FNM)

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