Hasta este 16 de agosto no existe un proyecto de reforma integral ingresado al Congreso. Hacienda anunció una comisión técnica que analizará cambios al sistema, mientras la ANEF exige participación y advierte sobre la estabilidad laboral de los funcionarios.
El Gobierno inició la discusión para una eventual reforma al Estatuto Administrativo, normativa que regula las relaciones laborales de una parte importante de los funcionarios públicos del país.
Sin embargo, hasta este domingo 16 de agosto de 2026 no existe un proyecto de ley de reforma integral ingresado al Congreso ni un articulado oficial que establezca cuáles serán específicamente los cambios.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el 9 de agosto la creación de una comisión técnica y transversal que tendrá como tarea estudiar modificaciones al Estatuto Administrativo y entregar recomendaciones.
Quiroz vinculó esta revisión con la modernización del Estado y la consolidación fiscal, señalando que el actual sistema presenta rigideces que deben ser analizadas.
De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, la comisión sería encabezada por un economista independiente, trabajaría durante algunos meses y debería entregar sus conclusiones antes de finalizar 2026.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, aclaró posteriormente que las conclusiones de esta instancia tendrán carácter de recomendaciones y que no constituyen por sí solas una reforma legal.
Hasta el 16 de agosto tampoco se había informado oficialmente la composición definitiva de la comisión ni se había publicado una propuesta concreta de modificaciones.
¿Qué regula actualmente el Estatuto Administrativo?
El Estatuto Administrativo vigente está contenido en el DFL N.º 29 de 2004, que refundió la Ley N.º 18.834.
Esta normativa regula materias como el ingreso a la administración pública, carrera funcionaria, calificaciones, derechos y obligaciones, responsabilidad administrativa, sumarios y causales de cesación de funciones, entre otros aspectos.
Aunque Hacienda todavía no presenta un articulado, dentro de la discusión han aparecido temas relacionados con el sistema de plantas y contratas, concursos públicos, evaluación de desempeño, movilidad dentro del Estado y mecanismos para el término de relaciones laborales.
También ha surgido el debate sobre la denominada “confianza legítima” de los funcionarios a contrata, principio relacionado con las expectativas de continuidad laboral que pueden generarse después de sucesivas renovaciones.
Otro asunto mencionado en antecedentes de modernización del empleo público es la diferenciación entre funcionarios permanentes de carrera y asesores o cargos de confianza política.
Por ahora, ninguno de estos puntos puede considerarse una decisión definitiva del Gobierno.
No existe información oficial que permita afirmar cuántos años podrían exigirse para acceder a algún mecanismo de estabilidad, qué eventuales indemnizaciones existirían, qué nuevas causales de desvinculación podrían establecerse o si se modificará sustancialmente la figura de la contrata.
ANEF reclama participación en la discusión
El anuncio de Hacienda generó cuestionamientos desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.
El gremio recordó que el 20 de mayo de este año su directiva se reunió con el Presidente de la República y se acordó formalizar una Mesa Sectorial ANEF–Gobierno para abordar materias relacionadas con empleo público, estabilidad laboral y fortalecimiento institucional.
Tras conocerse la creación de una nueva comisión técnica, la ANEF acusó una “grave descoordinación” dentro del Ejecutivo y planteó que los trabajadores deben participar directamente en cualquier proceso que pueda modificar su régimen laboral.
El ministro del Trabajo señaló posteriormente que la comisión anunciada por Hacienda tendrá un carácter técnico y que la ANEF será escuchada durante el proceso.
¿La reforma busca facilitar despidos?
Hasta ahora no existe un proyecto que permita sostener que el Gobierno haya definido nuevas reglas para facilitar el despido de funcionarios públicos.
Sí está confirmado que Hacienda busca revisar las denominadas rigideces del empleo público y que antecedentes técnicos elaborados sobre modernización del Estado han planteado la necesidad de contar con mecanismos transparentes y efectivos para poner término a determinadas relaciones laborales.
También se ha discutido sobre evaluación de desempeño, reorganización de equipos y funcionamiento del sistema de contratas.
Pero hasta este 16 de agosto no existe una propuesta gubernamental que establezca nuevas causales de desvinculación, indemnizaciones, plazos o procedimientos concretos.
Existe otro proyecto sobre “confianza legítima”
En paralelo a la reforma que comienza a preparar Hacienda existe otro proyecto que ya se encuentra en el Congreso y que no debe confundirse con esta iniciativa.
Se trata del Boletín N.º 17.247-13, presentado en 2024, que busca interpretar normas del Estatuto Administrativo y del Estatuto Municipal para reconocer legalmente el principio de confianza legítima en determinados funcionarios a contrata.
La propuesta original planteaba que un empleo a contrata prorrogado por segundo año consecutivo podría generar confianza legítima. Durante su tramitación, sin embargo, también se discutieron fórmulas diferentes.
El 2 de junio de 2026, la Comisión de Trabajo de la Cámara rechazó en particular el artículo central de la iniciativa por seis votos a favor y siete en contra, recomendando a la Sala rechazar el proyecto.
Pese a ello, la iniciativa continúa formalmente en primer trámite constitucional y aparece incorporada en la tabla semanal de la Cámara de Diputadas y Diputados para los días 17, 18 y 19 de agosto.
¿Qué viene ahora?
El siguiente paso será conocer la conformación definitiva y el trabajo de la comisión técnica anunciada por Hacienda.
Sus recomendaciones deberían estar disponibles antes de terminar 2026. Posteriormente, el Ejecutivo deberá determinar si transforma esas conclusiones en una propuesta política y, eventualmente, en un proyecto de ley que deberá ser discutido tanto por la Cámara de Diputadas y Diputados como por el Senado.
Por ahora, el escenario corresponde al inicio de una discusión sobre una eventual reforma al empleo público y no a una modificación legal ya aprobada.
Los principales puntos que deberán resolverse incluyen estabilidad laboral, sistema de contratas, ingreso por mérito, evaluación de desempeño, movilidad funcionaria, mecanismos de término de funciones y participación de los trabajadores en la elaboración de los cambios.