Los abogados que representan a los concejales José Soto y Nelson Vásquez señalaron que la causa estaba lista para sentencia antes de ser suspendida por el Tribunal Constitucional. También afirmaron que la incorporación de Adriana Quintana y Alberto Velásquez podría abrir una nueva discusión y extender el proceso.

El estudio jurídico Talep y Sagua, encargado de representar a los concejales José Soto y Nelson Vásquez en la causa de destitución contra el alcalde de Loncoche, Alexis Pineda Ruiz, respondió una serie de preguntas enviadas por Loncoche Informado sobre el origen y el estado actual del proceso.

Según explicaron los abogados, comenzaron a trabajar en el caso aproximadamente dos meses antes de que la solicitud de destitución fuera presentada, en junio de 2024.

La acción busca que Pineda sea removido de su cargo por presuntas faltas graves a la probidad administrativa y notable abandono de deberes.

El estudio sostuvo que la presentación se basa en antecedentes de Contraloría. Sin embargo, la responsabilidad del alcalde todavía debe ser determinada por los tribunales y no existe una sentencia definitiva en la causa.

Respecto del financiamiento, los abogados señalaron que inicialmente recibieron una suma destinada a cubrir los gastos del primer año de tramitación.

Agregaron que, durante el segundo año, han asumido personalmente los costos, incluidos los viajes y las gestiones realizadas ante el Tribunal Constitucional en Santiago.

“Hasta el momento no hemos recibido monto alguno por concepto de honorarios profesionales”, indicaron en su respuesta escrita.

El trabajo desarrollado, según detallaron, ha incluido el análisis del caso, la preparación de la solicitud de destitución y la representación ante el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía.

También señalaron que participaron en actuaciones ante el Tribunal Calificador de Elecciones y posteriormente respondieron al requerimiento presentado por la defensa de Pineda ante el Tribunal Constitucional.

Causa estaba lista para sentencia, según los abogados

Uno de los principales antecedentes entregados por el estudio es que la causa ante el Tribunal Electoral Regional ya había terminado su etapa de presentación de pruebas.

Según los abogados, el proceso estaba listo para que el tribunal dictara sentencia antes de que la defensa del alcalde recurriera al Tribunal Constitucional.

Como respaldo, mencionaron un oficio mediante el cual el Tribunal Electoral Regional remitió los antecedentes al Tribunal Constitucional e informó sobre el estado de la causa.

Dicho oficio no fue acompañado en las respuestas entregadas a este medio, por lo que su contenido deberá ser revisado directamente para confirmar todos sus detalles.

El estudio explicó que el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional fue alegado presencialmente en Santiago y actualmente se encontraría “en acuerdo”.

En términos simples, esto significa que los ministros ya escucharon a las partes y estarían preparando una decisión.

Mientras esa sentencia no sea notificada, el proceso ante el Tribunal Electoral Regional permanece suspendido y no puede avanzar hacia una resolución sobre la continuidad de Pineda como alcalde.

De acuerdo con el estudio, la suspensión ha impedido que el Tribunal Electoral dicte sentencia y ha extendido el tiempo de tramitación de la causa.

¿Qué efecto podría tener la solicitud de Quintana y Velásquez?

Los concejales Adriana Quintana y Alberto Velásquez presentaron el 14 de julio una solicitud para incorporarse al proceso, argumentando su función fiscalizadora y el interés público de la causa.

El 15 de julio, el tribunal les indicó que debían considerar una resolución anterior. Posteriormente, el 24 de julio, su abogado volvió a solicitar que ambos fueran incorporados, esta vez acreditando formalmente su representación.

Por qué el estudio considera tardía la intervención

Los abogados explicaron que, cuando termina la etapa para presentar pruebas, el expediente queda preparado para su revisión final y para que el tribunal dicte sentencia.

Según el estudio, en ese momento quienes intenten incorporarse deben aceptar todo lo que ya ocurrió en el proceso. Esto significa que no podrían volver a abrir la etapa de pruebas ni presentar nuevos antecedentes como si la causa recién comenzara.

El estudio agregó que la normativa permite la participación de terceros, pero no establecería con claridad un plazo máximo para solicitar el ingreso. A juicio de los abogados, esa falta de precisión puede ser utilizada para intervenir en una etapa muy avanzada y provocar nuevas discusiones.

Desde esa perspectiva, sostienen que una solicitud presentada cuando la causa está lista para sentencia puede transformarse en una forma de extender el procedimiento. También calificaron esta actuación como contraria a la buena fe y cuestionable desde el punto de vista ético.

Estas apreciaciones corresponden a la posición del estudio Talepy Sagua. Hasta ahora, no existe una resolución que establezca que Adriana Quintana y Alberto Velásquez actuaron con la intención de retrasar la causa.

El estudio Talepy Sagua sostuvo que estas presentaciones podrían generar una nueva discusión que el Tribunal Electoral tendría que resolver.

Según su explicación, una eventual decisión sobre el ingreso de los concejales podría ser apelada ante el Tribunal Calificador de Elecciones en Santiago, lo que abriría la posibilidad de extender nuevamente la tramitación.

Los abogados aclararon que, hasta ahora, las solicitudes no han generado recursos ni nuevas actuaciones que deban resolverse, debido a que el proceso se encuentra suspendido.

También afirmaron que no existe una resolución que haya incorporado formalmente a Quintana y Velásquez como participantes de la causa.

Consultados por la diferencia entre las presentaciones del 14 y del 24 de julio, respondieron que, desde su perspectiva, no existe una diferencia de fondo entre ambas solicitudes.

Cuestionan el momento de la presentación

El estudio expresó una posición crítica frente a la decisión de Quintana y Velásquez de intentar incorporarse cuando, según los abogados, la causa ya se encontraba lista para sentencia.

A juicio de los representantes de Soto y Vásquez, los concejales no tendrían una razón jurídica para intervenir en esta etapa y su ingreso podría retrasar una eventual sentencia.

Además, atribuyeron a la presentación posibles motivaciones políticas y afirmaron que podría favorecer al alcalde.

Estas últimas afirmaciones corresponden a la interpretación del estudio jurídico. En las respuestas entregadas no se acompañaron antecedentes que permitan comprobar una intención política de los concejales ni que estos busquen deliberadamente beneficiar a Pineda.

Los abogados también señalaron que no han mantenido contacto con Quintana, Velásquez ni con el profesional que los representa para conocer directamente la finalidad de sus presentaciones.

Concejales no entregaron declaraciones

Loncoche Informado contactó previamente a la concejala Adriana Quintana para conocer por qué decidieron solicitar su incorporación en esta etapa y si habían evaluado un eventual efecto sobre los tiempos de la causa.

“Por ahora no estamos dando ningún tipo de entrevista. Disculpe, pero es una decisión compartida. Tal vez más adelante. Gracias”, respondió la autoridad.

Por esta razón, todavía no se conoce públicamente qué hecho concreto motivó a Quintana y Velásquez a realizar las presentaciones durante julio de 2026.

Tampoco existe, entre los documentos revisados, una resolución que los haya aceptado formalmente como participantes del proceso.

Lo que viene

La causa de destitución permanece a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional.

Según la explicación entregada por el estudio Talep y Sagua, una vez notificada esa sentencia terminaría la suspensión y el Tribunal Electoral Regional podría retomar el proceso.

Los abogados sostienen que la causa se encontraba lista para sentencia antes de ser suspendida. También advierten que una nueva discusión sobre la incorporación de Quintana y Velásquez podría extender los plazos.

Sin embargo, todavía no existe una decisión del Tribunal Electoral sobre la última solicitud de los concejales ni antecedentes que permitan determinar cuánto tiempo podría añadir al proceso.

Loncoche Informado mantendrá disponible el espacio para que Adriana Quintana, Alberto Velásquez, su abogado y la defensa del alcalde Alexis Pineda entreguen sus antecedentes y respondan a las afirmaciones contenidas en esta publicación.