Rodrigo Flores Osorio recibió poder cuatro días antes de una audiencia clave ante el Tribunal Constitucional. Dos días después solicitó suspender la vista, pero la petición fue rechazada y la audiencia se desarrolló con alegatos de ambas partes.
La defensa del alcalde de Loncoche, Alexis Arturo Pineda Ruiz, incorporó al abogado Rodrigo Fernando Flores Osorio cuando faltaban cuatro días para la audiencia fijada por el Tribunal Constitucional en la causa Rol N.º 17.289-26-INA.
Flores recibió poder el 17 de julio de 2026. Dos días después, presentó una solicitud para suspender la vista programada para el martes 21 de julio, a las 09:30 horas, argumentando que mantenía otras actuaciones judiciales fijadas para la misma fecha y horario.
La incorporación del nuevo profesional se produjo aproximadamente seis meses después de que la defensa de Pineda presentara, el 16 de enero de 2026, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La acción busca impedir que se aplique una parte del inciso octavo del artículo 60 de la Ley N.º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dentro del proceso Rol N.º 13-2024, tramitado ante el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía.
En términos prácticos, la defensa pretende evitar que la norma cuestionada produzca efectos inmediatos sobre el ejercicio del cargo mientras se resuelve el procedimiento electoral. La decisión final sobre la permanencia o eventual suspensión del alcalde corresponde, sin embargo, a los tribunales competentes.
Nuevo abogado pidió suspender la audiencia
El 19 de julio, dos días después de recibir la delegación de poder, Rodrigo Flores solicitó suspender la audiencia constitucional.
En su presentación sostuvo que debía participar en otras dos actuaciones judiciales fijadas para la misma fecha y horario.
La primera correspondía a una audiencia testimonial ante el Juzgado de Cuentas, en el marco de la causa Rol N.º 28-2024.
La segunda era la vista de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, correspondiente al Rol N.º 13.523-2026, caratulado “Cruz con Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina”.
Para respaldar su solicitud, Flores acompañó siete documentos relacionados con esos compromisos profesionales.
De acuerdo con los antecedentes disponibles, la petición de suspensión fue rechazada y la audiencia continuó en la fecha programada.
La presentación de Flores podía generar un nuevo aplazamiento de la tramitación constitucional, aunque los documentos revisados no permiten afirmar que la defensa haya buscado deliberadamente dilatar el procedimiento.
Defensa compartida
La incorporación de Rodrigo Flores no significó la salida de Jocelyn Ortega Iglesias de la defensa de Alexis Pineda.
Ortega continuó actuando en la causa y se anunció para alegar ante el Tribunal Constitucional, mientras que Flores recibió poder y presentó la solicitud de suspensión.
Los antecedentes muestran, por lo tanto, una representación compartida entre ambos abogados.
Este punto adquiere relevancia debido a que, pese a la incompatibilidad de agenda informada por Flores, la defensa mantenía a otra abogada habilitada para intervenir en la audiencia.
La audiencia se realizó
El abogado Eugenio Talep Pardo se anunció para alegar durante veinte minutos en representación de José Soto y Nelson Vásquez.
Por su parte, la abogada Gloria Fabiola Sagua Paredes informó que la vista de la causa comenzó el 21 de julio, a las 09:30 horas, y que el Tribunal Constitucional escuchó los alegatos de ambas partes.
Tras la audiencia, corresponde esperar la sentencia del Tribunal Constitucional.
Esa resolución será determinante para establecer si la norma cuestionada puede aplicarse dentro del procedimiento seguido ante el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía.
Una vez conocida la decisión constitucional, el proceso electoral podrá retomar su tramitación de acuerdo con lo resuelto por el tribunal.
El antecedente de las once instituciones públicas
La llegada de Rodrigo Flores a la defensa de Alexis Pineda también genera interés por los antecedentes públicos conocidos sobre su trayectoria profesional.
En junio de 2025, una investigación del diario La Segunda, recogida por BioBioChile, informó que Flores llegó a trabajar simultáneamente para once instituciones públicas durante octubre de 2024.
Según esa publicación, el abogado percibió ese mes remuneraciones brutas totales por $22.840.643.
Entre las entidades mencionadas figuraban ocho municipalidades y tres corporaciones municipales, incluidas instituciones de La Araucanía.
La publicación también lo identificó como un profesional ligado a Renovación Nacional.
Estos antecedentes no acreditan, por sí mismos, que sus contratos hayan sido ilegales, incompatibles o sancionados. Sí muestran una extensa participación en asesorías jurídicas para organismos públicos y municipalidades.
Hasta ahora, los documentos revisados en la causa de Alexis Pineda no informan cuánto cobrará Rodrigo Flores, quién contrató directamente sus servicios ni quién financiará su participación.
Tampoco existe, entre los antecedentes disponibles, un contrato, una orden de compra, un decreto alcaldicio o un comprobante de pago que permita atribuir el costo de esta defensa a la Municipalidad de Loncoche.
Por ello, lo acreditado hasta este momento es que Flores fue incorporado a la representación judicial de Alexis Pineda, pero no quién asumirá sus honorarios.