Las publicaciones del concejal de Loncoche, Matías Abel Cutiño, sobre apoyo técnico y proyectos realizados junto a organizaciones sociales reabrieron la discusión sobre cuáles son las verdaderas atribuciones legales de los concejales y los límites fijados recientemente por Contraloría.
El reciente dictamen emitido por la Contraloría General de la República sobre las atribuciones de los concejales comenzó a generar debate también en Loncoche, luego de publicaciones realizadas por el concejal Matías Abel Cutiño relacionadas con asesorías y elaboración de proyectos junto a organizaciones sociales de la comuna.
En una publicación difundida en redes sociales, el Concejal informó reuniones con dirigentes y vecinos para “asesorarlos y resolver dudas sobre las postulaciones al Fondo Social Presidente de la República y otros proyectos de desarrollo”.
Posteriormente, en otra publicación, el concejal señaló haber participado en una “postulación a proyecto que realizamos en conjunto” con integrantes de la comunidad Francisca Manquenir viuda de Caquilpan, del sector de Itrifue.
Las publicaciones surgieron en medio del reciente dictamen D224N26 de Contraloría, donde el organismo aclaró que los concejales no están facultados para gestionar intereses particulares ante alcaldes o funcionarios municipales.
El órgano contralor sostuvo que las funciones legales de los concejales son normativas, resolutivas y fiscalizadoras, debiendo actuar siempre bajo el principio de probidad administrativa y orientados al interés general.
La Contraloría precisó además que las autoridades comunales no deben transformarse en gestores directos de requerimientos particulares ni representar intereses específicos fuera de las atribuciones legales del cargo.
Sin embargo, el debate se mantiene abierto debido a que en distintas comunas del país es habitual que concejales participen en orientación de proyectos, acompañamiento a dirigentes y apoyo técnico en postulaciones a fondos públicos provenientes de organismos externos al municipio.
En ese contexto, uno de los puntos que comienza a discutirse es hasta dónde puede llegar la participación de un concejal en la elaboración de proyectos o asesorías a organizaciones sociales, especialmente cuando dichas iniciativas involucran financiamiento estatal o gestiones vinculadas a entidades públicas.
Hasta ahora no existe ninguna investigación ni pronunciamiento relacionado con la actuación del concejal de Loncoche. No obstante, las publicaciones volvieron a instalar la discusión sobre cuál debe ser el verdadero rol de los concejales y dónde se encuentra el límite entre el acompañamiento comunitario y la gestión de intereses particulares.
El dictamen también establece que cada situación debe analizarse caso a caso, considerando si la actuación busca beneficiar al interés general o favorecer directamente a determinadas personas u organizaciones.
Fuente: Publicaciones Facebook Matías Abel Cutiño / Contraloría General de la República