Programa ejecutado durante la administración del ex gobernador regional Luciano Rivas es investigado por la Fiscalía tras detectarse transferencias millonarias a empresas vinculadas a actores políticos y familiares de autoridades.
Una investigación periodística reveló el incierto destino de cerca de $8 mil millones correspondientes a un programa ejecutado durante la administración del ex gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, recursos que habrían beneficiado a diversas empresas, algunas de ellas vinculadas a actores políticos y familiares de autoridades, situación que actualmente es investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad.
El programa fue ejecutado a través de la Agencia de Desarrollo Productivo de La Araucanía y tenía como objetivo apoyar a pequeñas y medianas empresas mediante financiamiento público. Sin embargo, posteriormente se detectaron problemas en las rendiciones de gastos, facturas observadas, inconsistencias administrativas y cuestionamientos respecto de los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.
Según los antecedentes conocidos públicamente, varias rendiciones fueron rechazadas o quedaron bajo observación, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo y posteriormente en una investigación del Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales en la asignación y uso de los recursos públicos.
La investigación busca establecer si existieron conflictos de interés, eventuales vínculos políticos en la asignación de los fondos, irregularidades en la ejecución del programa o posibles delitos asociados al uso de recursos fiscales. En este contexto, la Fiscalía se encuentra revisando documentación, rendiciones, transferencias y la relación entre las empresas beneficiadas y actores políticos o autoridades de la época.
Este caso se suma a otros cuestionamientos por transferencias de recursos desde el Gobierno Regional de La Araucanía durante los últimos años, particularmente programas ejecutados mediante convenios y fondos de fomento productivo, lo que ha generado críticas sobre los mecanismos de control del gasto público regional.
Por ahora, la investigación continúa en desarrollo y serán los organismos fiscalizadores y la Fiscalía quienes deberán determinar si existieron irregularidades administrativas, responsabilidades políticas o eventuales delitos en el manejo de estos cerca de $8 mil millones de recursos públicos.
Fuente: BioBioChile.