La función del empleado municipal tiene un valor. Son ellos quienes están mandatados a servir a los vecinos, quienes procesan sus requerimientos, quienes coordinan los servicios básicos, guían a los vecinos en el cumplimiento de las normativas y quienes, en definitiva, representan la primera cara del Estado para la comunidad.
Por eso, es fundamental recordar que el rol del empleado municipal no es favorecer a sus cercanos, ni atender únicamente a quienes comparten afinidad con las autoridades de turno. Su misión, al contrario, es garantizar que todos los ciudadanos, sin distinción, tengan acceso a los mismos servicios y derechos.
Es importante subrayar que tanto el alcalde como los concejales son elegidos por votación popular. Esto significa que su mandato emana de la voluntad de todos los vecinos y, por lo tanto, su responsabilidad es para el conjunto de la población. Su lealtad debe ser para los vecinos y no para el partido político o sus cercanos. Convertir lo público en una herramienta de intereses particulares es traicionar ese mandato democrático.
Del mismo modo, los recursos municipales deben administrarse con justicia: distribuirse de manera equitativa entre los vecinos y destinarse a resolver las necesidades básicas de la población, como la salud, la educación, la seguridad, el agua potable, la infraestructura y los espacios comunitarios.
Lamentablemente, nuestra realidad nos muestra graves falencias: centros de salud sin personal suficiente, obligando a los vecinos a concurrir a centros de salud fuera de Loncoche para poder ser atendidos en tiempo y forma; colegios sin los insumos básicos y con problemas serios de seguridad, obligando a los padres a buscar educación en otras ciudades como Villarrica; y, no menos importante, un pobre apoyo a los deportistas de alto rendimiento que, pese a su esfuerzo y talento, carecen de respaldo municipal para representar con orgullo a su comunidad. Debemos recordar que estos logros no son de un día para otro, son logros que llevan años, tiempo suficiente para que la comunidad los detecte y sea capaz de entregar apoyo oportuno.
Cuando los fondos se gastan en propaganda política o en beneficios selectivos, se priva a la población de lo que verdaderamente necesita.
Una buena administración debe equilibrar y controlar el presupuesto, y ser capaz de dar prioridad en los gastos de acuerdo con su importancia: antes de destinar recursos a actos protocolarios, publicidad o proyectos de baja trascendencia (como remodelar algo que ya está bien), deben asegurarse las condiciones esenciales de vida para la población (salud, seguridad, educación). No hacerlo es una señal de irresponsabilidad y desconexión con las verdaderas necesidades de los vecinos.
El empleado municipal debe tener siempre presente que su sueldo proviene del esfuerzo comunitario (impuestos, etc.) y que su trabajo está orientado a devolver ese aporte en forma de servicios eficientes, trato digno y soluciones a los problemas cotidianos de la gente. La imparcialidad y la vocación de servicio no son virtudes opcionales: son obligaciones éticas.
La ciudadanía también tiene un papel clave: exigir transparencia, igualdad y un trato justo en cada dependencia municipal. Solo así lograremos que lo público sea realmente de todos y no un botín que cambia de dueño según los vientos políticos.
Por último, debemos recordar como vecinos que los funcionarios municipales trabajan para nosotros, sus sueldos se pagan gracias a nosotros, el alcalde es elegido por nosotros, los concejales son elegidos por nosotros y, precisamente, estos son los mandatados a controlar al alcalde, el presupuesto y vigilar la correcta ejecución de los proyectos.
Por:
Jaime Lizana Labbé.