Egresado de Derecho, pero sin acción legal: el despido que Alexis Pineda dejó pasar y que costará millones al municipio
En febrero de 2023, el Juzgado de Letras del Trabajo falló en contra de la Municipalidad de Loncoche por despido injustificado, ordenando el pago de múltiples prestaciones a un trabajador que, por más de 17 años, cumplió funciones bajo subordinación directa, jornada establecida y supervisión constante, pero solo fue contratado mediante boletas de honorarios.
El afectado —cuya identidad se protege para resguardar su integridad— se desempeñó como Jefe Técnico del Programa Prodesal, un cargo con funciones permanentes en la estructura municipal. El tribunal concluyó que su vínculo correspondía a una relación laboral real, y no a una prestación externa por honorarios.
Dichos del alcalde: versión sin sustento
Pese al fallo categórico, el alcalde Alexis Pineda, egresado de Derecho, declaró públicamente que el caso fue un “autodespido”, descartando responsabilidades institucionales. Sin embargo, la justicia determinó que la no renovación del contrato en diciembre de 2021 constituyó un despido encubierto y carente de legalidad, sin el cumplimiento de obligaciones laborales básicas como el pago de cotizaciones previsionales.
Estas declaraciones, contrarias a lo establecido judicialmente, no solo afectan la credibilidad del jefe comunal, sino que podrían constituir una falta de transparencia ante la ciudadanía respecto al uso de recursos públicos. La omisión de medidas preventivas o correctivas por parte del alcalde, a pesar de su formación jurídica, agrava la falta de diligencia administrativa.
Un costo directo y otro en camino
El fallo ordenó el pago de:
- $1.632.784 por indemnización por falta de aviso previo
- $17.960.624 por años de servicio (11 años reconocidos)
- $8.980.312 por recargo legal del 50%
- $20.192.095 por feriado legal acumulado
- $938.850 por feriado proporcional
En total, $49.704.665 ya fueron pagados por el municipio, con cargo a fondos públicos.
Sin embargo, aún queda pendiente una demanda previsional, interpuesta por la AFP, por el no pago de cotizaciones durante 17 años, la cual podría superar los $1.000 millones, según estimaciones preliminares. Este juicio sigue en curso y representa un riesgo económico mayor para las finanzas municipales.
Preguntas clave que siguen abiertas
- ¿Qué motivó la decisión de no renovar un contrato de larga data, sin apego a la legalidad laboral?
- ¿Qué concejales tomaron conocimiento o votaron a favor del pago de estas indemnizaciones?
- ¿Cuántos otros trabajadores a honorarios cumplen funciones bajo condiciones que podrían ser judicialmente reconocidas como contrato laboral?
A más de un año del fallo, no se ha informado públicamente si se han corregido estas prácticas ni si se han implementado mecanismos de control para evitar nuevos casos de vulneración laboral en el municipio.
El silencio de los concejales
Este caso también expone la pasividad del Concejo Municipal en ese momento frente a hechos graves y documentados. Aunque la administración ejecutiva corresponde al alcalde, los concejales tienen el deber constitucional y legal de fiscalizar la gestión municipal.
Una de sus funciones mínimas, establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es exigir y revisar trimestralmente el informe del alcalde respecto al cumplimiento cabal y oportuno del pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios, así como la existencia de juicios contra la municipalidad que pudieren traer aparejadas enormes obligaciones de pago, como es el caso de las cotizaciones previsionales insolutas por más de 1.000 millones de pesos.
La falta de exigencia de este informe —o su eventual omisión sin consecuencias— revela una grave falta de cumplimiento de deberes de fiscalización, especialmente en un caso donde la deuda previsional abarca más de 17 años de cotizaciones insolutas. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes estuvieron informados, quiénes guardaron silencio, y quiénes actuaron con responsabilidad.
Comentario editorial de Loncoche Informado
Hace algún tiempo, el propio alcalde nos calificó de “rifleros” por enfocar nuestras coberturas en su administración. Hoy, los datos hablan por sí solos: un fallo judicial firme, más de 49 millones ya pagados y una demanda previsional que podría costarle mil millones a todos los vecinos de Loncoche.
Disparar preguntas incómodas parece más necesario que nunca. Y para que quede claro: en Loncoche Informado no gastamos pólvora en gallinazos.
Fuente: Redes sociales
