Más de 13 mil funcionarios públicos fueron a casinos estando con licencia médica: La Araucanía entre las regiones con más casos
Un escándalo de proporciones remeció al aparato público chileno tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República, que reveló que 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego durante el período 2023-2024, mientras se encontraban con licencia médica.
Lejos de guardar reposo por motivos de salud, los funcionarios realizaron un total de 14.923 visitas a salas de juego. De ese total, 218 empleados públicos realizaron entre tres y cinco visitas, y 19 de ellos incluso registraron seis o más entradas durante su licencia. A esto se suma otro dato inquietante: 1.486 funcionarios ya habían sido observados previamente por haber viajado fuera del país mientras también estaban con licencia médica.
La Araucanía entre las más afectadas
En el caso de La Araucanía, se reportaron más de mil ingresos a casinos por parte de funcionarios en condición de reposo médico, lo que sitúa a la región como la quinta con más casos a nivel nacional, según medios locales y regionales. Entre los servicios implicados se encuentran municipalidades, hospitales y servicios públicos, con una alta concentración de casos en comunas como Temuco, Padre Las Casas, Angol y Villarrica.
Reacciones del Congreso y medidas anunciadas
La situación generó malestar en la opinión pública y un amplio debate en el Congreso. Algunos parlamentarios solicitaron que la Contraloría explique en detalle los alcances del informe, y han exigido medidas más duras para erradicar estos abusos que, además de atentar contra la probidad, debilitan la credibilidad del sistema público.
Desde la Contraloría se anunció que:
Se notificará a las instituciones involucradas para abrir sumarios administrativos.
Se enviará la información a la COMPIN y a la Superintendencia de Seguridad Social, para que evalúen posibles sanciones administrativas.
Se derivarán los antecedentes a la Fiscalía Nacional y al Consejo de Defensa del Estado, por eventuales delitos contra la probidad administrativa.
El informe no solo revela un uso indebido de licencias médicas, sino que expone una falla sistemática en los mecanismos de fiscalización interna, especialmente en servicios municipales y de salud. Mientras cientos de ciudadanos denuncian rebajas arbitrarias o demoras en el pago de sus licencias, otros aprovechan las brechas del sistema para realizar actividades de esparcimiento completamente incompatibles con un estado de salud comprometido.
