Un recorrido por el sitio web oficial del municipio evidencia un problema que va más allá del diseño o la estética: la plataforma, que debería ser el principal canal de acceso ciudadano a la gestión pública, se encuentra gravemente desactualizada, con información mínima, enlaces rotos y documentos claves ausentes o vencidos.
Lo más llamativo es que la última Cuenta Pública disponible corresponde al año 2019, firmada por el exalcalde Ricardo Peña, sin que existan rastros de las gestiones posteriores del actual alcalde Alexis Pineda. Tampoco figuran presupuestos, actas de concejo, convenios, ni grabaciones de sesiones municipales, a pesar de que la ley lo exige expresamente.
¿Qué dice la ley?
La situación no es sólo preocupante: es ilegal. Diversas normativas obligan a los municipios a mantener sus sitios electrónicos permanentemente actualizados y abiertos a la ciudadanía. Entre ellas, destacan:
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM)
- Artículo 12: establece que todas las resoluciones municipales deben estar disponibles al público y publicarse en soportes digitales de libre acceso.
Ley N° 20.285 de Transparencia
- Obliga a los organismos públicos a publicar mensualmente y mantener actualizada la información sobre:
- Presupuesto y ejecución financiera
- Contrataciones y licitaciones
- Cuentas públicas de los últimos tres años
- Gastos mensuales de los últimos dos años
- Planes comunales (PLADECO), ordenanzas, convenios, contratos y más
Ley N° 21.534 (vigente desde el 31 de marzo de 2023)
- Obliga a las municipalidades a grabar, publicar y archivar las sesiones del concejo municipal, las que deben estar disponibles en línea dentro de un plazo máximo de 72 horas y mantenerse accesibles por al menos tres años.
Participación ciudadana: un deber también del Concejo Municipal
Además de ser responsabilidad del alcalde y de la administración, el Concejo Municipal también está legalmente obligado a garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la información y participe en la gestión comunal.
El artículo 71 de la Ley N° 18.695, señala expresamente:
“El Concejo, dentro de sus atribuciones, deberá adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la participación de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la comuna.”
En ese marco, mantener actualizado el sitio web del municipio, publicar las cuentas públicas, las sesiones del concejo y los documentos oficiales no es solo una buena práctica: es un mandato legal que el Concejo debe exigir y fiscalizar. Su omisión, por tanto, afecta directamente el derecho ciudadano a informarse y participar activamente en la vida comunal.
¿Qué falta en la web del municipio de Loncoche?
Revisando municipalidaddeloncoche.cl, se identifican las siguientes omisiones graves:
- ✅ Última cuenta pública disponible: 2019
- 🚫 No hay publicación de actas ni grabaciones del Concejo Municipal
- 🚫 No aparecen los presupuestos municipales anuales ni sus ejecuciones
- 🚫 No existe un desglose de gastos mensuales, ni registro de compras o licitaciones
- 🚫 No hay documentos clave como el PLADECO, el Plan Regulador, reglamentos ni convenios
- 🚫 No se identifican responsables de comunicaciones, webmaster o profesional a cargo del sitio
¿Cómo puede el ciudadano exigir esta información?
Como medio, y también como ciudadanos, se puede ejercer el derecho constitucional de acceso a la información pública mediante los siguientes mecanismos:
- Solicitud vía Ley de Transparencia
- Ingresar a www.infotransparencia.cl, seleccionar “Municipalidad de Loncoche” y solicitar, por ejemplo: “Cuenta Pública del alcalde Alexis Pineda (años 2021, 2022, 2023), presupuesto municipal, grabaciones de concejos y gastos mensuales DAEM.”
- Reclamo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT)
- Si no hay respuesta dentro de 20 días hábiles, se puede presentar un amparo por denegación de acceso, lo cual obliga legalmente al municipio a entregar la información.
- Denuncia ante la Contraloría General de la República
- Por posible incumplimiento de deberes públicos y falta de transparencia activa, en caso de omisiones reiteradas.
¿Desidia o estrategia?
La falta de profesionales a cargo del sitio, la inexistencia de actualizaciones periódicas y la omisión de contenidos obligatorios podría interpretarse como una negligencia administrativa, pero también como una estrategia deliberada para evadir el control ciudadano y diluir la rendición de cuentas.
En un escenario donde la educación pública, los fondos del DAEM y la gestión presupuestaria están bajo cuestionamiento, la ausencia de datos oficiales y canales activos no hace más que alimentar la desconfianza.