En un nuevo caso que aumenta la presión sobre las administraciones municipales de La Araucanía, las concejalas Jacqueline Ponce y Carolina Valenzuela presentaron un requerimiento de destitución contra el alcalde de Collipulli, Manuel Macaya Ramírez , acusándolo de notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa.
El requerimiento fue ingresado al Tribunal Electoral Regional (TER) el 12 de julio y notificado el día 15, bajo el rol 35‑2025. En él se detallan 21 cargos que, según las denunciantes, evidencian una conducta reiterada de negligencia y obstrucción en la gestión pública.
Entre los antecedentes más graves figuran:
- Deudas previsionales acumuladas por más de $400 millones en los sectores de salud y educación.
- Denuncias de acoso laboral contra funcionarias municipales.
- Uso reiterado de licencias médicas presuntamente falsas.
- Alteración de información oficial para dificultar investigaciones administrativas y judiciales.
Las concejalas aseguran que parte de las acusaciones ya han sido validadas por organismos como la Corte Suprema y la Universidad de Chile, particularmente en lo relativo al falseamiento de antecedentes académicos y sanciones administrativas previas.
En su presentación solicitaron que el juicio sea oral y público, con el fin de garantizar transparencia y participación ciudadana. “No se trata solo de diferencias políticas, sino de hechos concretos que afectan la ética pública y la administración municipal”, afirmaron.
Si el TER declara admisible el requerimiento, podría iniciarse un proceso que desemboque en la destitución del alcalde Macaya, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Este caso no es aislado. El alcalde de Loncoche, Alexis Pineda Ruiz , también enfrenta procesos en el mismo tribunal, lo que refleja una creciente ola de fiscalización a nivel local. Estos casos reabren el debate sobre los mecanismos de control y la responsabilidad ética de las autoridades comunales.